Gustavo Bolaño Pastrana permanece hospitalizado en Barranquilla pese a tener una medida de aseguramiento en prisión. La Fiscalía investiga además posibles seguimientos a una procesada que estaría colaborando con la justicia.
Una habitación de hospital terminó convertida en escenario de una diligencia judicial relacionada con uno de los mayores procesos de corrupción alrededor de los recursos de regalías.
El lunes 14 de septiembre, funcionarios del CTI de la Fiscalía ingresaron a la habitación 335 de la Clínica La Asunción, en Barranquilla, donde permanece hospitalizado Gustavo Bolaño Pastrana, señalado por el ente investigador como uno de los cabecillas dentro del caso Aremca.
El Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá legalizó posteriormente el procedimiento.
Durante la inspección fueron encontrados e incautados un teléfono celular y una agenda. Según la Fiscalía, las anotaciones encontradas en la libreta estarían relacionadas con una estrategia para desacreditar y afectar al fiscal encargado de investigar el millonario desfalco a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
El procedimiento surgió también en medio de otra situación que llamó la atención de los investigadores.
La Fiscalía recibió información sobre el supuesto uso de un celular desde la clínica para consultar las redes sociales de una mujer vinculada al proceso. La mujer estaría adelantando conversaciones con el ente acusador para acceder a un principio de oportunidad.
Como respaldo de esa información fueron entregadas capturas de pantalla en las que, según la Fiscalía, aparecería Bolaño Pastrana siguiendo la cuenta de la procesada.
Para el organismo investigador, el supuesto seguimiento resulta relevante debido a la colaboración que esta mujer estaría desarrollando con las autoridades dentro del proceso.
Bolaño Pastrana tiene desde abril una medida de aseguramiento que ordena su reclusión en un establecimiento carcelario.
En un primer momento permaneció en el Búnker de la Fiscalía y posteriormente estaba previsto que fuera trasladado a La Picota, en Bogotá.
Sin embargo, su traslado no se concretó después de que manifestara problemas de salud, específicamente un “dolor en el pecho”, por lo que terminó hospitalizado en Barranquilla.
La Fiscalía también puso bajo la lupa las condiciones de su permanencia en la clínica. De acuerdo con información entregada a las autoridades, el procesado habría pagado previamente $10 millones como abono para permanecer durante un mes en el centro asistencial. Su estadía, no obstante, habría continuado después de cumplirse ese periodo.
Ante estas circunstancias, el ente acusador solicitó al Inpec revisar la situación y pidió dejar sin efecto la decisión que permitió su permanencia en Barranquilla.
Tras legalizar el allanamiento, el juzgado ordenó al Inpec reforzar de inmediato las medidas de vigilancia, control y seguridad sobre el procesado.
Una de las instrucciones específicas consiste en impedir que tenga acceso a celulares u otros mecanismos de comunicación que puedan permitir contactos no autorizados mientras permanece en el centro médico.
Además, para el 22 de septiembre está programada una audiencia en la que se solicitaría sustituir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por detención domiciliaria.
El procedimiento en la clínica tiene como contexto la investigación contra Aremca, una asociación de municipios que quedó en el centro de un proceso por presuntas irregularidades en la contratación de proyectos financiados con regalías.
La Fiscalía reveló el caso en abril, cuando realizó operativos en Arauca, Barranquilla y Cantagallo, Bolívar, que terminaron con la captura de nueve personas señaladas de participar en la estructura investigada.
Entre los procesados estaba Bolaño Pastrana, junto con representantes legales, coordinadores de planeación y financieros y la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).
Según la investigación, los involucrados habrían conseguido que Aremca fuera escogida como ejecutora de recursos de regalías por parte de distintas alcaldías y gobernaciones. Una vez obtenida esa condición, presuntamente habrían intervenido de manera irregular en 101 proyectos cuyo valor superaba los $496.000 millones.
Los contratos estaban relacionados con obras civiles, interventorías y proyectos de medio ambiente, saneamiento básico, agricultura y alimentación, entre otros sectores.
Los proyectos investigados se extendían por Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.
De acuerdo con el material probatorio recopilado por la Fiscalía, en los procesos contractuales se habrían vulnerado principios como la publicidad, transparencia y selección objetiva.
La investigación también identificó una posible apropiación irregular de $3.200 millones correspondientes a proyectos que debían ejecutarse en Arauca.
A esto se suma otra cifra bajo investigación: Aremca presuntamente habría dejado de retener cerca de $14.000 millones correspondientes a la contribución especial de obra pública. Este tributo equivale al 5 % del valor de determinados contratos celebrados con entidades estatales y está destinado a financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los capturados, entre otros, los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción y por omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares.
La Fiscalía llegó a calificar el caso Aremca como el mayor escándalo de corrupción en la historia del país, mientras la investigación continúa avanzando sobre el papel que habría desempeñado cada uno de los procesados.
