La diligencia contra Ramsés Vargas Lamadrid y representantes del Consejo Directivo de 2013 fue reprogramada para el próximo 25 de agosto.
La Juez 13 Penal del Circuito de Conocimiento de Barranquilla suspendió la audiencia de formulación de acusación contra el exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid, y representantes del Consejo Directivo de esa institución en 2013, investigados por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.
La decisión fue adoptada luego de que la abogada Diana Guevara, defensora de Vargas Lamadrid, solicitara suspender la diligencia argumentando que la Fiscalía no habría enviado el escrito de acusación con los tres días de anticipación establecidos por la norma.
Durante la audiencia, la fiscal Betzaida Guerra manifestó inicialmente que debía darse credibilidad a la defensa bajo el principio de buena fe, con el propósito de evitar una eventual nulidad del proceso.
Los demás sujetos procesales estuvieron de acuerdo con la suspensión, incluida Bianith Bohórquez, abogada de Silvia Gette, quien figura como víctima dentro del proceso.
Sin embargo, posteriormente la fiscal revisó su correo electrónico y señaló que sí había enviado oportunamente el escrito de acusación a la defensa de Ramsés Vargas. Ante esta situación, la juez solicitó conocer la posición de la abogada, pero durante la audiencia virtual su imagen quedó congelada y posteriormente salió de la plataforma.
La togada pidió entonces a la Fiscalía remitir al correo del juzgado la constancia del envío del documento a la defensa.
Pese a esta nueva información, la juez dejó claro que la decisión de suspender la audiencia ya había sido tomada y reprogramó la diligencia para el próximo 25 de agosto.
La funcionaria judicial también fue enfática en pedir puntualidad a los sujetos procesales y advirtió que no permitirá nuevas suspensiones por situaciones similares.
El proceso
La investigación se remonta a noviembre de 2025, cuando la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico imputó ante el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla a integrantes del Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Caribe de 2013 por la presunta elección irregular de Ramsés Vargas Lamadrid como rector.
Entre los imputados estuvieron Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal y Arturo González Peña, quienes no aceptaron los cargos.
Vargas Lamadrid también fue imputado, aunque no estuvo presente en aquella audiencia y fue declarado en contumacia.
Según la Fiscalía, los estatutos de la Universidad Autónoma del Caribe establecían que el entonces vicerrector, Mariano Romero, debía asumir la suplencia ante la ausencia de la rectora en propiedad, Silvia Gette Ponce, quien se encontraba de licencia por seis meses.
No obstante, el ente acusador sostiene que el Consejo Directivo se reunió y eligió a Ramsés Vargas como rector, pese a que presuntamente no tenía la condición de suplente ni había sido designado para ejercer ese cargo.
La Fiscalía considera que Vargas Lamadrid presuntamente no cumplía los requisitos establecidos en los estatutos para ocupar la rectoría, por lo que la elección habría configurado los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.
En el proceso, Silvia Gette figura como víctima, debido a que la Fiscalía sostiene que habría sido retirada de la rectoría de manera presuntamente irregular.
