Tras la destrucción de cinco máquinas por parte del Ejército en Arroyo de Piedra, el mandatario municipal pidió revisar la situación de los pequeños mineros y reclamó mayores oportunidades para que puedan acceder a procesos de formalización.
Un operativo militar contra la minería ilegal desató un nuevo debate sobre empleo y formalización en el Atlántico. La intervención del Ejército Nacional en el corregimiento de Arroyo de Piedra, en Luruaco, no solo dejó maquinaria destruida, sino también el rechazo de la administración municipal, que aseguró que decenas de familias resultaron afectadas.
La operación permitió la incineración de cinco máquinas amarillas presuntamente utilizadas para actividades de extracción ilegal. Según el Ejército, los equipos estaban valorados en $2.000 millones y su destrucción golpea economías ilícitas que generaban cerca de $910 millones mensuales, además de contribuir a frenar el deterioro ambiental en la zona.
Luego del operativo, el alcalde de Luruaco, Ameth Juan Hanna, sostuvo un encuentro con los mineros afectados para escuchar sus inquietudes y explorar posibles alternativas frente a la pérdida de la maquinaria.
El mandatario manifestó que, aunque no respalda las actividades al margen de la ley, considera que existe un trato desigual entre los pequeños mineros locales y las grandes compañías que cuentan con títulos de explotación en el territorio.
En ese sentido, sostuvo que muchos habitantes de Arroyo de Piedra sienten que no tienen las mismas oportunidades para desarrollar actividades económicas en tierras donde históricamente han vivido.
Durante sus declaraciones, Hanna aseguró que varios de los trabajadores han intentado durante más de dos años avanzar en procesos para regularizar su actividad minera, pero afirmó que esos esfuerzos no han dado resultados.
El alcalde señaló que los pequeños productores han buscado acercamientos con las empresas que operan legalmente en la zona con el propósito de formalizarse, aunque, según indicó, no han logrado acceder a ese proceso.
La administración municipal advirtió que la intervención deja consecuencias sociales importantes para el corregimiento.
De acuerdo con el alcalde, más de 100 familias dependían de la actividad minera y ahora enfrentan la pérdida de su principal fuente de ingresos.
Por esa razón, hizo un llamado al gobierno entrante de Abelardo De la Espriella para que revise la situación de los habitantes de Arroyo de Piedra y evalúe mecanismos que permitan equilibrar la protección del medio ambiente con oportunidades de empleo y formalización para los pequeños mineros del municipio.
Mientras tanto, el Ejército mantiene su estrategia de combate contra la minería ilegal, argumentando que estas operaciones buscan debilitar las economías ilícitas y proteger los recursos naturales del país.
