El Ejecutivo anunció la reasignación de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y dejará listas dos herramientas regulatorias antes del cambio de gobierno. La decisión generó críticas del presidente electo y del sector energético.
Con el fenómeno de El Niño cada vez más cerca y un pronóstico de condiciones climáticas severas para los próximos meses, el Gobierno nacional puso en marcha un paquete de decisiones para reforzar la respuesta del país antes de finalizar su mandato.
Entre las principales acciones está la declaratoria de situación de desastre nacional, medida que, según el presidente Gustavo Petro, permitirá acelerar la atención de las emergencias que puedan derivarse de la sequía y fortalecer la capacidad de reacción de las entidades del Estado.
La decisión se adoptó luego de que el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recomendara por unanimidad emitir la declaratoria, con el objetivo de anticiparse a los efectos que podrían afectar diferentes regiones del país.
Como parte del plan, el Gobierno reasignará $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Los recursos estaban contemplados inicialmente para el programa Colombia Solar, pero ahora serán utilizados para fortalecer la preparación del sistema energético frente a una eventual disminución en los niveles de los embalses.
El presidente Petro explicó que este traslado permitirá aumentar el presupuesto disponible para responder a los impactos que pueda generar la reducción de la generación hidroeléctrica.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aclaró que ese dinero corresponde a recursos que no alcanzaron a ser comprometidos dentro de los más de $8 billones previstos para la primera fase del programa Colombia Solar. Según indicó, la Ungrd podrá destinarlos, entre otras acciones, a la adquisición de paneles y kits solares.
El Gobierno también confirmó que dejará listas dos herramientas regulatorias enfocadas en disminuir la demanda de energía durante el fenómeno climático.
La primera busca incentivar el ahorro mediante un sistema de recompensas y sanciones. Los usuarios que reduzcan su consumo recibirían una compensación una vez finalice El Niño, mientras que quienes incrementen el gasto energético asumirían un costo adicional.
La segunda estará dirigida principalmente a los grandes consumidores de electricidad. El mecanismo permitirá que estos usuarios desconecten temporalmente parte de su demanda cuando el sistema lo requiera y, a cambio, reciban una compensación económica.
Según Palma, ambas medidas hacen parte de un paquete de 53 acciones diseñadas para fortalecer la seguridad energética del país y fueron elaboradas junto con el equipo de la ministra de Minas y Energía designada, María Nohemí Arboleda, con el propósito de garantizar continuidad entre gobiernos.
El anuncio no fue bien recibido por el presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien expresó preocupación por la reasignación presupuestal hacia la Ungrd.
Desde su equipo de empalme señalaron que la cuantía de los recursos, el poco tiempo restante del actual Gobierno y los antecedentes de la entidad, involucrada en el escándalo de los carrotanques para La Guajira, justifican una vigilancia estricta por parte de los organismos de control.
Además, solicitaron que la Contraloría, la Procuraduría y las demás autoridades competentes ejerzan seguimiento preventivo sobre el manejo de estos recursos para garantizar su correcta ejecución.
Las medidas también recibieron reparos por parte de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
Su presidente ejecutivo, Alejandro Castañeda, afirmó que, aunque el riesgo asociado a El Niño es real, las decisiones anunciadas no solucionan las necesidades inmediatas del sistema eléctrico.
El dirigente gremial sostuvo que destinar recursos a proyectos que aún no están estructurados resulta insuficiente frente a las obligaciones financieras que, según indicó, mantiene el Estado con el sector.
De acuerdo con Andeg, el Gobierno adeuda cerca de $5,3 billones a las empresas del sistema eléctrico. De ese monto, aproximadamente $2,9 billones corresponden a compromisos relacionados con Air-e intervenida —incluyendo $1,8 billones con generadores térmicos—, mientras que otros $2,3 billones hacen parte de subsidios que siguen pendientes de pago.
