Una auditoría al manejo financiero y presupuestal de la entidad reveló hallazgos con posibles implicaciones fiscales, disciplinarias y administrativas, además de una ejecución presupuestal cercana al 50 % durante 2025.
Un informe de la Contraloría General de la República puso bajo la lupa la gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), luego de detectar presuntas irregularidades que ascienden a $33.009 millones, relacionadas con bienes cuya entrega no habría sido debidamente soportada ni registrada en la contabilidad oficial.
Los hallazgos hacen parte de una auditoría financiera realizada sobre los estados contables y la ejecución presupuestal de la entidad correspondientes a la vigencia 2025.
El organismo de control explicó que una de las principales observaciones surgió tras revisar las donaciones entregadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Según la auditoría, se evidenció la ausencia de documentos que acreditaran la entrega de esos bienes a sus beneficiarios finales, además de inconsistencias sobre su ubicación física y la falta de registro en los estados contables de la entidad.
Para la Contraloría, esta situación constituye un presunto detrimento patrimonial por $33.009.669.360, motivo por el cual se configuró un hallazgo con incidencia fiscal.
El informe también cuestiona el nivel de ejecución de los recursos asignados a la Unidad para las Víctimas durante 2025.
Aunque la entidad contó con un presupuesto vigente de $4,436 billones, comprometió el 97,85 % de esos recursos. Sin embargo, las obligaciones efectivamente ejecutadas alcanzaron solo $2,234 billones, equivalentes al 50,36 % del total.
De acuerdo con la Contraloría, esta diferencia dejó un rezago cercano a $2 billones, lo que habría limitado el cumplimiento de las metas institucionales previstas para ese periodo.
Además de los estados financieros y el manejo del presupuesto, la evaluación incluyó aspectos relacionados con políticas públicas en materia de discapacidad, posconflicto, construcción de paz, equidad de género, desarrollo sostenible, austeridad del gasto, participación ciudadana, rendición de cuentas y valoración de costos ambientales.
Durante ese proceso también se detectaron deficiencias en la calidad y confiabilidad de la información contable presentada por la entidad.
Como resultado de la auditoría, la Contraloría consolidó 23 hallazgos administrativos, de los cuales:
- 18 tienen presunta incidencia disciplinaria.
- 1 presenta incidencia fiscal por $33.009 millones.
- 1 dio lugar a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio.
- 1 será trasladado a la DIAN por otras incidencias detectadas.
- 2 incluyen solicitud de apertura de indagación preliminar.
El organismo de control continuará con los procedimientos correspondientes para establecer las responsabilidades derivadas de las inconsistencias identificadas durante la revisión.
