Expertos y gremios consideran que María Nohemí Arboleda deberá atender con urgencia los riesgos de desabastecimiento, destrabar proyectos estratégicos y buscar soluciones para las altas tarifas de energía, especialmente en la región Caribe.
El nombramiento de María Nohemí Arboleda como próxima ministra de Minas y Energía despertó expectativas positivas entre representantes del sector eléctrico, quienes consideran que su experiencia técnica será determinante para enfrentar uno de los momentos más complejos del sistema energético colombiano.
Entre los principales desafíos que identifican los gremios figuran la amenaza de un posible racionamiento, el retraso de proyectos de generación y transmisión, las millonarias deudas que afectan a varios actores del mercado y la necesidad de recuperar la confianza de los inversionistas.
Durante la presentación de la nueva ministra, el presidente electo Abelardo De la Espriella aseguró que una de sus principales responsabilidades será fortalecer la confiabilidad del sistema y evitar un escenario de desabastecimiento energético.
El mandatario también le encomendó atender la problemática de las tarifas de energía en la región Caribe, uno de los compromisos que, afirmó, asumirá el nuevo Gobierno con los usuarios de esa zona del país.
No obstante, desde el sector consideran que el reto va mucho más allá de los precios del servicio y pasa por reconstruir la estabilidad técnica, financiera y regulatoria del mercado eléctrico.
Para Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), una de las primeras decisiones deberá enfocarse en garantizar el equilibrio financiero del sistema.
En ese sentido, recordó que Air-e Intervenida mantiene obligaciones cercanas a $2,9 billones con empresas del sector, de los cuales $1,8 billones corresponden a generadoras térmicas.
Según explicó, estos recursos son fundamentales para asegurar la compra de combustibles y mantener la capacidad operativa del sistema, especialmente ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.
Además, insistió en que Colombia necesita reglas claras, estabilidad jurídica y un entorno que incentive nuevas inversiones para ampliar la infraestructura energética.
El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta sostuvo que el país aún está a tiempo de adoptar medidas que reduzcan el riesgo de racionamientos, aunque advirtió que también serán necesarias reformas de fondo.
A su juicio, el nuevo Gobierno no debe plantear la transición energética como un objetivo separado de la seguridad del suministro.
«La tarea será garantizar ambas al mismo tiempo», planteó el exfuncionario.
Desde el Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (CEERA), su directora ejecutiva, Catalina Rueda Callejas, señaló que la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 representa una oportunidad para impulsar cambios estructurales.
Entre las propuestas figura acelerar la ejecución de proyectos que incrementen la oferta de energía y permitan responder al crecimiento sostenido de la demanda mediante una mayor flexibilidad operativa del sistema.
La Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) manifestó su disposición para trabajar junto al nuevo Gobierno en la formulación de políticas públicas que fortalezcan la infraestructura energética y promuevan inversiones nacionales e internacionales.
El gremio también considera prioritario implementar soluciones de largo plazo que permitan disminuir las tarifas del servicio eléctrico, especialmente para los usuarios de la región Caribe, donde los costos de la energía siguen siendo una de las principales preocupaciones de hogares y empresas.
