La intervención administrativa tendrá una duración inicial de un año. La caja de compensación cuestionó la decisión, aseguró que se vulneró el debido proceso y anunció que acudirá a la justicia para controvertir la medida.
La Superintendencia del Subsidio Familiar asumió el control temporal de Comfamiliar Atlántico mediante una intervención administrativa que incluye el relevo de sus principales directivos y la designación de una administradora encargada para dirigir la entidad.
La medida fue ejecutada este lunes en la sede principal de la caja de compensación, ubicada en el centro de Barranquilla, donde funcionarios de la entidad de vigilancia notificaron la Resolución No. 0527 del 6 de julio de 2026, mediante la cual se ordena una intervención cautelar.
Como parte de la decisión, la Superintendencia retiró de sus funciones al director administrativo, Herber Mantilla Gómez, y dispuso la salida de todos los integrantes del Consejo Directivo.
En reemplazo fue nombrada María Teresa Carvajal Aguirre como directora encargada, quien liderará la administración durante el periodo de intervención.
La medida tendrá una vigencia inicial de 12 meses, aunque la gestión de la nueva administración será objeto de evaluaciones semestrales por parte de la Superintendencia.
Tras conocerse la decisión, Comfamiliar Atlántico emitió un comunicado en el que manifestó su desacuerdo con la actuación de la autoridad de control y anunció que emprenderá las acciones legales correspondientes.
La institución sostuvo que existen dudas sobre la legalidad del procedimiento y afirmó que la resolución habría desconocido garantías fundamentales relacionadas con el debido proceso.
Entre sus argumentos, la caja señaló que el acto administrativo produce efectos pese a la suspensión decretada por el Consejo de Estado sobre el artículo 97 del Decreto 341 de 1988, asunto que, a su juicio, deberá ser revisado por la jurisdicción competente.
Asimismo, indicó que la intervención fue sustentada en normas relacionadas con medidas sancionatorias sin que previamente se hubiera adelantado un proceso administrativo que permitiera ejercer plenamente el derecho de defensa y contradicción.
Comfamiliar aseguró que utilizará todos los mecanismos legales disponibles para controvertir la decisión de la Superintendencia y expresó su confianza en que las autoridades judiciales analizarán el caso conforme al marco constitucional.
Al mismo tiempo, reiteró su compromiso con los trabajadores, las empresas afiliadas, los beneficiarios y las familias del Atlántico, afirmando que continuará defendiendo la institucionalidad de la caja y su misión social.
La entidad también informó que cualquier novedad relacionada con el proceso será comunicada exclusivamente a través de sus canales oficiales.
