El ministro de Trabajo cuestionó la propuesta de reducir la planta estatal y aseguró que una medida de esa magnitud tendría un fuerte impacto laboral. También informó sobre investigaciones a empresas por presuntas presiones electorales.
La posibilidad de una reducción masiva en el número de funcionarios del Estado abrió un nuevo frente de debate entre el Gobierno saliente y la administración que asumirá el poder en agosto.
Durante su participación en el XIX Encuentro de Laboralistas de la Andi, realizado en Barranquilla, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que una eventual eliminación de 700.000 empleos públicos tendría profundas consecuencias para el mercado laboral colombiano y no podría ejecutarse de manera unilateral.
El funcionario se refirió a los planteamientos del presidente electo, Abelardo De La Espriella, relacionados con una posible reorganización del aparato estatal y la reducción de entidades públicas.
Según explicó, una decisión que implique la supresión masiva de cargos o la desaparición de organismos gubernamentales requeriría pasar por el Congreso de la República, debido a las implicaciones jurídicas y administrativas que tendría sobre la estructura del Estado.
Sanguino calificó la propuesta como una medida de alto impacto social y laboral, al considerar que afectaría a cientos de miles de trabajadores vinculados al sector público en todo el país.
El jefe de la cartera laboral también aprovechó el encuentro para defender los cambios introducidos por la reciente reforma laboral, convertida en ley bajo el número 2466.
De acuerdo con el ministro, los beneficios y garantías incorporados en esa normativa cuentan con respaldo constitucional y jurisprudencial, por lo que sostuvo que no podrían ser desmontados fácilmente por futuras administraciones.
En ese sentido, afirmó que los derechos adquiridos por los trabajadores están protegidos por decisiones de la Corte Constitucional y otras altas cortes, lo que les otorga estabilidad jurídica.
Otro de los anuncios realizados durante el evento estuvo relacionado con procesos que adelanta el Ministerio del Trabajo contra empresas privadas en distintas regiones del país.
Sanguino confirmó que actualmente existen cerca de 400 investigaciones abiertas por posibles casos de constreñimiento electoral dentro de entornos laborales.
Según indicó, las actuaciones administrativas continúan en curso y podrían derivar en sanciones para las compañías involucradas. Además, explicó que algunos expedientes podrían ser trasladados posteriormente a las autoridades judiciales competentes para determinar eventuales responsabilidades penales.
Las declaraciones del ministro se producen en medio de las discusiones sobre el rumbo que tomará la política laboral del país con la llegada del nuevo gobierno, especialmente en temas relacionados con el empleo público, la estructura estatal y la continuidad de las reformas aprobadas durante la actual administración.
