La justicia transicional documentó centenares de hechos victimizantes ocurridos entre 1996 y 2007 en territorios de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Los señalados tendrán 30 días para definir si aceptan o rechazan los cargos.
Durante más de una década, varias comunidades indígenas y afrocolombianas del norte del país quedaron atrapadas en una estrategia de control armado que, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dejó profundas consecuencias humanas, culturales y territoriales.
Este jueves, el tribunal de justicia transicional anunció la imputación contra cinco antiguos integrantes del Bloque Caribe de las extintas FARC, a quienes atribuye responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos contra pueblos étnicos entre 1996 y 2007.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concluyó que las acciones investigadas no respondieron a hechos aislados, sino a un modelo sistemático orientado a consolidar la influencia de la organización armada en amplias zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.
Según la investigación, las afectaciones alcanzaron a los pueblos kankuamo, wiwa, kogui, arhuaco, wayúu, ette ennaka y yukpa, además de comunidades afrodescendientes asentadas en la región.
La JEP sostiene que el objetivo era ejercer dominio político, social, militar y cultural sobre estos territorios, alterando de manera profunda las dinámicas comunitarias y las formas tradicionales de organización.
El expediente describe distintos mecanismos utilizados para imponer control sobre las comunidades.
Entre ellos figuran la intervención en organizaciones indígenas y afrocolombianas, el desplazamiento o eliminación de personas consideradas opositoras, la imposición de castigos a quienes incumplían normas establecidas por la guerrilla, las agresiones basadas en género contra mujeres y niñas y la ocupación de territorios considerados sagrados.
La investigación también relaciona a los excomandantes con delitos como homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, torturas, violencia sexual, saqueos y daños contra bienes de valor cultural.
La decisión involucra a cinco antiguos mandos del Bloque Caribe identificados como máximos responsables dentro de la estructura guerrillera.
Los imputados son Abelardo Caicedo Colorado, conocido como Solís Almeida; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias Leonardo Muñoz; Gilberto Giraldo, alias Aldemar Altamiranda; Héctor Hernández, alias Fabio Borges; y Marcos Martínez, alias Silfredo.
La magistratura recopiló evidencia sobre 423 hechos victimizantes registrados en 27 municipios de la región.
Las cifras incluyen:
- 163 asesinatos.
- 211 desplazamientos forzados.
- 53 desapariciones.
- 25 casos de violencia sexual.
Asimismo, la investigación estableció que al menos 1.590 personas fueron obligadas a abandonar sus territorios, principalmente integrantes de los pueblos wiwa, kankuamo y comunidades afrocolombianas.
La JEP advirtió que las consecuencias de estos hechos trascendieron el daño individual.
Según la entidad, las agresiones afectaron estructuras de gobierno propio, prácticas ancestrales, espacios ceremoniales y la relación espiritual que estas comunidades mantienen con sus territorios, comprometiendo incluso aspectos esenciales para su supervivencia cultural.
Los cinco excomandantes disponen ahora de 30 días hábiles para responder a la imputación.
Si aceptan los hechos y reconocen responsabilidad, continuarán dentro del modelo restaurativo previsto por la JEP.
En caso de rechazar los cargos, el expediente pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, instancia que podrá llevar el caso ante el Tribunal para la Paz, donde los procesados podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión y perder los beneficios contemplados en el sistema de justicia transicional.
