La salida de integrantes del programa Cuerpo de Paz y la preocupación por posibles afectaciones económicas encendieron las alarmas entre autoridades locales tras la advertencia emitida por el Gobierno estadounidense para nueve municipios del departamento.
Las consecuencias de la reciente alerta de viaje emitida por Estados Unidos para varias poblaciones del Atlántico comenzaron a evidenciarse con rapidez. Al menos 30 ciudadanos estadounidenses vinculados al programa Cuerpo de Paz dejaron la región luego de recibir instrucciones de abandonar las zonas incluidas en la advertencia de seguridad.
La medida impacta a los municipios de Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande, territorios que fueron señalados por el Departamento de Estado debido a preocupaciones relacionadas con la situación de orden público.
Uno de los municipios afectados es Polonuevo, donde residían seis de los voluntarios que desarrollaban proyectos de apoyo social, formación en inglés y acompañamiento a comunidades vulnerables.
El alcalde Óscar Avilez lamentó la salida de los jóvenes y destacó que durante su permanencia participaron activamente en iniciativas educativas y comunitarias sin reportar situaciones que pusieran en riesgo su integridad.
Además de su labor social, los voluntarios convivían con familias locales que les brindaban hospedaje y alimentación, una dinámica que también representaba ingresos adicionales para varios hogares del municipio.
Según explicó el mandatario, una de las voluntarias le confirmó que la decisión de abandonar el país obedeció a una instrucción directa de las autoridades estadounidenses.
Las autoridades locales temen que la advertencia tenga efectos más amplios sobre la percepción internacional del Atlántico.
Avilez señaló que la decisión puede afectar la llegada de visitantes extranjeros y programas de cooperación internacional que históricamente han tenido presencia en la región. También recordó que muchos de los integrantes del Cuerpo de Paz promovían actividades turísticas y culturales, invitando a familiares y amigos a conocer eventos tradicionales como el Festival del Cerdo y la Yuca.
Frente a la situación, el gobernador Eduardo Verano aseguró que los problemas de seguridad que enfrenta el departamento están relacionados principalmente con disputas entre organizaciones criminales por el control de economías ilegales, especialmente el microtráfico.
El mandatario indicó que la administración departamental prepara un informe detallado para exponer ante diferentes instancias la realidad del panorama de seguridad y las acciones implementadas para fortalecer a la Fuerza Pública.
De acuerdo con las cifras presentadas por la Gobernación, cerca del 98 % de los homicidios registrados corresponde a casos de sicariato. Además, señaló que la mitad de las víctimas tenía antecedentes judiciales y que aproximadamente el 95 % mantenía algún vínculo con estructuras criminales.
Verano también sostuvo que una parte significativa de los hechos violentos y las extorsiones que afectan al Atlántico tendría origen en centros penitenciarios del país.
Según las investigaciones recopiladas por las autoridades, alrededor del 80 % de estos delitos serían coordinados desde cárceles como La Picota, Cómbita y Girón.
Para el gobernador, estos indicadores muestran que la problemática está asociada a confrontaciones entre bandas delincuenciales y no a una amenaza generalizada contra la población civil, argumento que será incluido en el informe que busca contextualizar la situación del departamento tras la alerta emitida por Estados Unidos.
