La Procuraduría General de la Nación anunció una serie de medidas preventivas para garantizar el normal desarrollo de las elecciones previstas para el próximo 31 de mayo y, eventualmente, el 21 de junio, ante posibles emergencias derivadas de la temporada de lluvias e incendios.
A través de la Circular No. 002 de 2026, emitida por la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, el Ministerio Público instó a las autoridades nacionales y territoriales a adoptar acciones anticipadas de gestión del riesgo de desastres con el fin de proteger el derecho al sufragio y evitar afectaciones en el proceso electoral.
La entidad recordó que, de acuerdo con la Ley 1523 de 2012, los alcaldes son los principales responsables de implementar las medidas de gestión del riesgo en sus municipios, mientras que la Procuraduría ejercerá labores de vigilancia y seguimiento sin intervenir en la administración local.
Entre las principales recomendaciones, la Procuraduría pidió a las alcaldías realizar visitas técnicas a los puestos de votación y preparar planes de contingencia para reubicar mesas electorales en caso de inundaciones o movimientos en masa. También solicitó adelantar mantenimientos preventivos en drenajes y estructuras hidráulicas cercanas a los centros de votación.
A las gobernaciones les exhortó a fortalecer la articulación de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo para identificar amenazas hidrometeorológicas y apoyar a los municipios que requieran asistencia técnica y operativa.
Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) deberá emitir alertas y lineamientos técnicos orientados a proteger la infraestructura estratégica electoral, especialmente en zonas con alta amenaza por lluvias o incendios.
La Procuraduría también hizo un llamado a la Registraduría Nacional del Estado Civil para identificar puestos de votación en riesgo y reforzar la capacitación de los actores electorales sobre protocolos de respuesta ante emergencias climáticas.
Finalmente, el órgano de control advirtió que el incumplimiento de las funciones relacionadas con la gestión del riesgo podría constituir una falta gravísima según el Código General Disciplinario, por lo que mantendrá vigilancia permanente sobre el cumplimiento de estas directrices.
