La SAE dispuso el desalojo del predio en el norte de la ciudad tras detectar uso sin contrato vigente y obligaciones superiores a $2.200 millones.
Un inmueble emblemático del norte de Barranquilla vuelve al centro de la polémica. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ordenó su recuperación tras detectar que estaba siendo utilizado sin respaldo legal y con una deuda acumulada que supera los $2.227 millones.
Se trata del antiguo espacio donde funcionó ‘Titos Bolos’, un predio de 4.533 metros cuadrados ubicado en una zona de alta valorización. Según la entidad, los actuales ocupantes —la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia, conocida como Iglesia Vida Abundante— continuaron operando en el lugar pese a que el contrato de arrendamiento finalizó el 10 de noviembre de 2025.
De acuerdo con la SAE, la permanencia en el inmueble se extendió por más de cinco años sin soporte jurídico. Además, se identificó que el uso del espacio fue ampliado sin autorización: de dos locales inicialmente habilitados, se pasó a ocupar cuatro (locales 2, 3, 4 y 5).
La entidad explicó que la medida busca retomar el control del bien, evitar el deterioro del activo y garantizar que pueda ser destinado a fines productivos dentro de la legalidad. También señaló que ya se adelantan acciones judiciales para recuperar los recursos adeudados, que están dirigidos al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).
El inmueble tiene un historial conocido en la ciudad, ya que anteriormente albergó establecimientos como ‘Titos Bolos Club’ y ‘La Moñona’. Posteriormente, pasó a manos del Estado tras un proceso de extinción de dominio relacionado con el grupo Nasser Arana.
Sin embargo, la decisión no está exenta de controversia. Desde la Iglesia Vida Abundante aseguran que no han sido notificados formalmente sobre el proceso. Su representante legal, Fernando Bernier, afirmó que la supuesta orden fue fijada en la entrada del predio sin cumplir los procedimientos legales correspondientes.
Según el vocero, cualquier acción de desalojo debe ajustarse estrictamente a los protocolos de notificación establecidos. Advirtió que ejecutar la medida sin estas garantías podría derivar en implicaciones legales para quienes la lleven a cabo.
Este caso se suma a otras intervenciones que viene adelantando la SAE en el país para recuperar bienes en condición irregular, con el objetivo de reincorporarlos a la economía formal y evitar la pérdida de valor de estos activos.
