Expectativa por reunión del Gobierno Nacional con el Comité Nacional del Paro

Expectativa por reunión del Gobierno Nacional con el Comité Nacional del Paro

El equipo negociador del Gobierno está integrado por la Vicepresidenta de la República, el ministro de Vivienda, Trabajo, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, el Consejero de Estabilización, la Subdirectora de Planeacion y el Alto Comisionado de Paz.

Colombia y observadores internacionales están atentos a las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro, que inician reunión este domingo a las 2:00 de la tarde, para ponerle fin o prolongar aun más la crisis que vive el país desde el pasado 28 de abril, con un paro nacional que ha dejado no solo un número indeterminado de muertos, lesionados civiles y de la fuerzas pública, así como una economía bastante debilitada por la pandemia y los bloqueos.

El alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y el Ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunciaron que este domingo empezarán las negociaciones con el Comité Nacional del Paro. La intención es llegar a acuerdo para poner fin a las movilizaciones de los últimos días.

El Gobierno valoró la buena actitud de los representantes del Comité Nacional del Paro de iniciar esta mesa este domingo a partir de las 2 de la tarde.

Dijo el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos la semana pasada que se estaba conviniendo el lugar para iniciar estas conversaciones.

Entre tanto el ministro del trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que se buscarán acuerdos durante las mesas de negociación, que arrancarán con gran expectativa para todos los colombianos.

El ministro del Trabajo sostuvo que se va a empezar a negociar, a buscar todos los puntos de acuerdo que el país hoy está reclamando. Reiteró el funcionario que por eso es importante este tipo de negociaciones y está de acuerdo en que el país requiere lo más pronto posible las acciones que se necesitan.

Hay que recordar que el presidente Iván Duque designó como equipo negociador a la Vicepresidenta de la República, el ministro de Vivienda, Trabajo, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, el Consejero de Estabilización, la Subdirectora de Planeacion y el Alto Comisionado de Paz.

Puntos de discusión:
Renta básica. Sin que todavía existe un acercamiento definitivo entre lo que propone el Gobierno y el Comité Nacional del Paro (CNP), algunos de los puntos planteados por este último para cesar con las protestas sociales, como la renta básica, no tienen tanta acogida por el costo que tendría sobre las finanzas públicas.

Según el Comité del Paro, con dicha renta básica, las familias pobres del país recibirían un salario mínimo mensual vigente, que para este año es de 908.526 pesos. De ser así, el gasto para cubrir esa población con la renta básica alcanzaría los 70 billones de pesos, un 7 por ciento del PIB, según cálculos preliminares.

Jorge Enrique Espitia y Luis Jorge Garay, investigadores del Centro de Política Fiscal de la U. Nacional, plantean una renta básica que “consistiría de una transferencia monetaria incondicional mensual que garantice que todos los miembros de cada hogar focalizado alcancen la línea de pobreza monetaria, según su respectivo dominio geográfico. Este programa complementaría los programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, dado que el de Ingreso Solidario solo tiene vigencia hasta finales de junio de 2021”

Y si bien el costo de esta iniciativa sería de entre 1,5 y 1,9 por ciento del PIB para el segundo semestre de este año, los investigadores explican que, como ya se tiene presupuestado un costo fiscal de alrededor del 0,6 por ciento del PIB para el segundo semestre de 2021 para los otros programas sociales, el costo fiscal neto del programa de renta básica de emergencia inmediata sería del orden del 0,9 o 1,3 por ciento del PIB.

Matrícula Cero
Se trata de una petición histórica de los estudiantes que estuvo presente en la agenda de las manifestaciones de 2019 y 2020, y que tomó más fuerza a causa de la pandemia.
En este punto cabe recordar que con el Fondo Solidario para la Educación del Ministerio de Educación, parte de los costos de matrícula en universidades públicas se han cubierto en los últimos dos semestres, a lo que se suman recursos propios y de los gobiernos locales.

No a la alternancia educativa
Desde mediados de 2020 organismos como Unicef, Unesco y el BID han insistido en que los colegios deben ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir, dados los riesgos emocionales, sociales y de aprendizaje a causa del aislamiento y la falta de acceso a conectividad en un país como Colombia.

De acuerdo con el LEE, la petición de ‘no alternancia’ del comité del paro no es recomendable, por muchas razones. Entre ellas, que el 55,18 % de los estudiantes del sector oficial no cuentan con computador e internet en su hogar; el 60 % de estudiantes no participaba en las actividades asincrónicas (guías físicas o cartillas) y el 40% de los estudiantes dejó de asistir a las actividades sincrónicas (clases en tiempo real con el docente como videollamadas); y, lo más grave, en las pruebas Saber 11 de 2020 aumentaron las brechas de desempeño entre menores según su estrato social.

Sin embargo, sí es necesario ajustar el modelo de alternancia, en especial a lo que se refiere al ritmo de las adecuaciones y la apropiación y ejecución de los recursos destinados por el Ministerio de Educación a las entidades territoriales.

Desmilitarizar protestas, suspender erradicación forzada y no a la aspersión con glifosato
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, aseguró que el Gobierno no puede ceder en los tres puntos planteados: que se suspenda la erradicación forzada, que no se asperje con glifosato (en caso de que se apruebe), y en eliminar la presencia de la Fuerza Pública en las calles en medio de las marchas.

Restrepo, señaló que limitar la presencia de la Fuerza Pública (Ejército y Policía) de una parte del territorio “no tiene ningún sentido”.

Aseguró, el experto en conflicto del país, que se podría concretar, por ejemplo, la petición de sacar a las fuerzas militares de los escenarios de protesta.

Hernando Zuleta, experto en temas antinarcóticos y profesor de Economía de la universidad de Los Andes, aseguró que la erradicación forzada y la aspersión aérea “deberían ser dos temas negociables”. Pero señaló que cree que este Gobierno “no lo va a negociar”.

Para Zuleta estos dos aspectos deberían ser negociables en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Y Recordó que el acuerdo de paz, en el punto cuatro buscaba acercar estas comunidades que tradicionalmente han vivido de la coca al Estado. Dijo que la implementación del proceso de paz es un proceso de construcción de confianza.

Diversidad sexual y étnica, y no discriminación de género

El movimiento LGBT ha venido reclamando, tal como lo ordenó la Corte Constitucional en el 2011, la estructuración de una política pública para este sector de la población, así lo recuerda Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa.
Sánchez aseguró que otros temas que urge abordar, en ese contexto, son los referidos al abuso policial contra miembros de esta comunidad en las calles. De acuerdo con la directora de Colombia Diversa, si bien del tema se ha hablado, no hay avances significativos y la impunidad frente a los casos denunciados es alta.

Agregó que hay temas de género pendientes que no dan espera y pueden y deben abordarse, como la violencia contra las mujeres, “los feminicidios crecen, lo mismo que los casos de acoso y violencia sexual, ese es un tema que debe estar en la agenda y sobre el que hay que hacer compromisos”.

Retirar la reforma de la salud
Los 10 capítulos que reúnen 75 artículos que modifican la regionalización del sistema, define responsabilidades de la gestión del riesgo para todos los actores, plantea un nuevo modelo de atención, además de cambios en la vigilancia y el control y propuestas en aspectos relacionados con el talento humano, entre otros temas, han tenido en las últimas semanas más detractores que defensores.

Fuera del Congreso, agremiaciones como la Federación Médica Colombiana piden el archivo completo del proyecto tras calificarlo como una propuesta que afecta el derecho fundamental a la salud de los colombianos, lo mismo que organizaciones como Pacientes Colombia. Mientras, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, aunque reconoce bondades en la iniciativa, manifiesta que el sistema “requiere una reforma más profunda” e invita “a seguir trabajando mancomunadamente en busca de ella”.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas considera que dicho proyecto no resuelve los problemas de fondo y que la mayoría de lo que propone ya está contemplado en otras normas que solo necesitarían reglamentarse. Algo similar opina Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo, quien afirma que es inoportuno, innecesario y en un par de puntos inconveniente.

Cambio Radical y su cabeza, Germán Vargas Lleras, ha dicho que detrás de la solicitud de archivo del proyecto hay intereses muy poderosos de quienes se verían afectados, empezando por muchas EPS y por los grupos de cabilderos que tramitan intereses particulares “y últimamente de los promotores del paro que se equivocan al ponerse al servicio de esos oscuros propósitos”.

Participación en el Plan Nacional de Vacunación
A través de los decretos 109 y 466, el Gobierno estableció las líneas de la campaña de inmunización contra el covid-19 en el país, que tiene como objetivo, a lo largo de cinco etapas y dos fases, vacunar al 70 por ciento de la población (35 millones) para alcanzar la inmunidad colectiva.

Aunque es un plan estatal, la participación de privados se abrió a través de la resolución 507 del Ministerio de Salud, con la cual habilitó la compra por parte de particulares bajo ciertas condiciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado esta posibilidad.De acuerdo con expertos, dado que el plan tiene un carácter absolutamente oficial, esa sería la única participación a la fecha por parte de particulares.

A la fecha se han aplicado 6’478.808 dosis, que sirvieron para tener inmunizadas ya a 2’440.975 personas (6,97 por ciento de los 35 millones). Aunque es un plan estatal, la participación de privados se abrió a través de la resolución 507 del Ministerio de Salud, con la cual habilitó la compra por parte de particulares bajo ciertas condiciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado esta posibilidad.De acuerdo con expertos, dado que el plan tiene un carácter absolutamente oficial, esa sería la única participación a la fecha por parte de particulares.

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