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Gobierno decreta emergencia carcelaria por ola ataques y amenazas contra guardias del Inpec

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que una de las medidas de la emergencia será fortalecer la protección de funcionarios del Inpec.

El Gobierno nacional declaró emergencia carcelaria en todo el país frente a los recientes hechos de violencia contra un guardia del Inpec que fue asesinado a las afueras de una cárcel en Cartagena, y el atentado que dejó varios funcionarios heridos en la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca.

Esta declaratoria le permite al gobierno obtener de inmediato el apoyo de la Policía y de las FFMM cuando sea necesaria una protección adicional al personal del Inpec o para controlar el orden dentro de un establecimiento carcelario. En estos momentos la fuerza pública acompaña los perímetros de las principales prisiones.

El ministro Osuna agregó que la emergencia “nos permite trasladar recursos importantes para ser más eficaces en el bloqueo de señal de telefonía dentro de las cárceles con apoyo de operadores de telefonía; pero también es la implementación de un sistema costoso y gracias a la emergencia podemos lograrlo”.

Dentro de las medidas también hay aislamiento a personas privadas de la libertad que se tenga sospecha puedan estar detrás de la extorsión carcelaria o alteraciones del orden para que se les sustituir las visitas, limitarla o cambiarla por visitas virtuales.

A esta declaración de emergencia carcelaria se suma la operación ‘Domino’ que han ido adelantando las autoridades para combatir la extorsión carcelaria, pero a eso se suman medidas de disciplina carcelaria dirigidas a desmantelar estructuras en prisión como La Inmaculada y proteger la vida de los funcionarios amenazados.

Según el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, indicó que hasta el momento van más de 200 funcionarios amenazados y sobre esa base se van a empezar a estudiar las medidas de seguridad de esos guardias para determinar si es necesario trasladarlo de zona y cambiarle el horario por temas de seguridad.

La decisión se tomó después del asesinato de dos guardias del Inpec, el aumento de amenazas contra los dragoneantes y la compleja situación de orden público que se vive en Tuluá, Valle del Cauca con la banda La Inmaculada.

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