EL ESTADO UNITARIO ES PRINCIPAL ENEMIGO DE LA DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL EN COLOMBIA

EL ESTADO UNITARIO ES PRINCIPAL ENEMIGO DE LA DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL EN COLOMBIA

Al ser expedida la Constitución de 1991, se reconoció expresamente que el Estado Social de Derecho colombiano se estructuraría bajo los postulados de la república unitaria, pero con respeto a la autonomía de las entidades territoriales, situación contradictoria y compleja porque los conceptos de Estado Unitario y Descentralización Territorial son excluyentes el uno del otro. Mientras el Estado unitario es aquella forma de organización bajo una sola “médula de impulsión política”, dónde el poder soberano se ejerce de forma directa sobre todo los habitantes de un mismo territorio. Lo que conlleva a que todas los facultades y funciones naturales del poder político provengan de una misma persona, que ostenta la titularidad del poder supremo del Estado.  La autonomía de las entidades territoriales versa sobre el de autogobierno y el manejo de los asuntos propios de cada ente territorial. Frente a ello, el artículo 287 de la Constitución Nacional indicó los elementos básicos de la autonomía como garantía institucional de los Departamentos, Distritos y Municipios, los cuales son: La capacidad de gobernarse por autoridades propias, La facultad de ejercer las competencias que la constitución y las leyes le asignen; La facultad de administrar los recursos y crear las atribuciones esenciales para el cumplimiento de sus funciones; y derecho a participar en las rentas nacionales. 

De esta manera se evidencia que el Estado Unitario y la Descentralización Territorial, son dos conceptos disimiles y excluyentes el uno del otro, a pesar de esto los Miembros de la Asamblea Nacional Constituyente adaptaron la descentralización territorial a la Constitución, lo cual se evidencia en el artículo 287, el cual fijó que la autonomía de las entidades territoriales debe ser ejercida “dentro de los límites de la Constitución y la ley”, disposición constitucional que deja entrever que las entidades territoriales en realidad se encuentran sujetas al Poder Central del Estado, contexto que desdibuja la esencia de los elementos básicos de la descentralización territorial, y nos demuestra que dicha figura en nuestro Estado es simulada, a pesar de que la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos ha dicho que el legislador no puede hacer uso arbitrario de sus facultades legislativas para sustraer por completo la autonomía que la propia Constitución le concede a las entidades territoriales para el manejo de los asuntos de interés local.

La Corte Constitucional desde sus inicios ha venido insistiendo en la armonización de los conceptos de República Unitaria y Descentralización Territorial, para lo cual ha establecido que ninguno de los dos Principios tienen el carácter absoluto pero que tampoco pueden degradarse totalmente, postura un poco abstracta y de difícil comprensión porque es casi imposible asimilar esa teoría equilibrista planteada que dice: “por un lado, el principio de autonomía debe desarrollarse dentro de los límites de la Constitución y la ley, con lo cual  se reconoce la posición de superioridad del Estado unitario, y por el otro, el principio unitario debe respetar un espacio esencial de autonomía cuyo límite lo constituye el ámbito en que se desarrolla esta última”.

Esa superioridad del Estado Unitario frente a la descentralización territorial, ha dado pie para que, dentro de la Rama Ejecutiva, bajo el uso de la figura de Control de Tutela se coordine la función administrativa, lo que significa que hay una vinculación entre el poder central y la Entidad descentralizada, que atasca la autonomía, configurándose la figura de vaciamiento de contenido de la descentralización territorial, ya que no pueden las entidades territoriales tomar decisiones propias sin la supervisión y orientación del poder central, por lo que no es dable habla de descentralización plena.

La muestra más reciente de control de tutela se dio con la expedición la ley orgánica 2082 del 18 de febrero de 2021, “Por Medio de la Cual se Crea la Categoría Municipal de Ciudades Capitales, se Adoptan Mecanismos Tendientes a Fortalecer la Descentralización y se Dictan Otras Disposiciones” , con la cual le cercenaron a las localidades y/o comunas como figuras pertenecientes a la estructura administrativa de los Distritos o Municipios, la facultad de administrar libremente los recursos asignados a los fondos de desarrollo local, ya que  el Alcalde Mayor será el ordenador del gasto y el representante legal de dichos fondos, disposición normativa que desde la óptica del Estado Unitario es válida porque que el  Alcalde como jefe de la administración territorial ejerce sobre las localidades, con el fin de garantizar el funcionamiento armónico de la administración, además las localidades en sí no constituyen entes territoriales, por lo tanto, no pueden  gozar de los atributos propios de los entes territoriales. Con esta ley se evidencia una vez más la exclusión entre los conceptos de Estado Unitario y descentralización territorial y para muestra de ello tenemos el Ejemplo de la República de Colombia, la cual se encuentra diseñada para la expedición de esta clase de normas, arraigadas a un centralismo retrógrado que se constituye en una talanquera para el desarrollo periférico del País. La única solución es la reestructuración del diseño estatal a través de una Modificación Constitucional, de lo contrario nuestra descentralización será una retórica constitucional.

PRISCILIANO RAFAEL ECHEVERRIA HIGGINS Abogado

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