‘Es doloroso que alguien pierda su empleo y además le quiten su casa’

‘Es doloroso que alguien pierda su empleo y además le quiten su casa’

A pesar de que el tema aún no se ha puesto en debate en el Congreso de la República, debido a que el Legislativo se encuentra en receso, el proyecto de ley del representante de Cambio Radical César Lorduy que busca congelar los procesos ejecutivos por el cobro de deudas que se encuentren en mora durante la emergencia sanitaria ya desató controversia.

El congresista explicó que “hay unos requisitos, lo primero es que se suspenden estos procesos cuando son de mínima y menor cuantía (hasta 137 millones de pesos) y aplica para las personas que hayan perdido su empleo durante la pandemia y las micro y pequeñas empresas que se vieron afectadas por la pandemia”.

¿En qué consiste su propuesta?

La informalidad en el año 2020 corresponde al 49 por ciento, informalidad entendida como aquellas personas que salen todos los días a la calle a buscar un sustento sin tener vinculación con la seguridad social. En 2020, de 12 actividades que mueven la economía y que mide el DANE, 8 decrecieron, esto significa que muchos de estos sectores disminuyeron producción y muchas pequeñas empresas cerraron y eso se traduce en informalidad.

A diciembre de 2020 tenemos un desempleo del 13, 4 por ciento, con un alto histórico en mayo que llegamos al 21,4 por ciento.

Todas estas cifras lo que dicen sencilla y llanamente es que la gente está afectada y muchas empresas y personas naturales están endeudadas y con las obligaciones vencidas. La consecuencia de esto es que lamentablemente se tienen que someter al sistema judicial mediante el cual se les obliga a pagar a través de los embargos y secuestros de sus bienes.

Lo que consideramos con este proyecto es que se trate de parar esa situación de embargo, porque no solo se trata de que pierdan sus bienes y sus ahorros, sino que estos procesos de inmediato les cierran las posibilidades de crédito a futuro. No es posible que un ciudadano no solo pierda su empleo sino también su casa.

¿Es decir, básicamente se suspenden los procesos de embargo?

Exactamente. Pero hay unos requisitos, lo primero es que se suspenden estos procesos cuando son de mínima y menor cuantía (hasta 137 millones de pesos) y aplica para las personas que hayan perdido su empleo o hayan dejado de percibir ingresos que recibían de manera regular durante la pandemia y las micro y pequeñas empresas que se vieron afectadas por la pandemia.

¿O sea que si tengo una hipoteca por 200 millones y perdí el empleo no me aplica la ley?

Si aplica, porque el proyecto contiene un elemento adicional: la entidad financiera solo debe cobrar el dinero que se ha dejado de pagar, no la deuda total. Es decir, si durante tres meses ha dejado de pagar 5 millones de pesos, eso es lo que se tiene que cobrar, no los 200 millones de la hipoteca.

¿Desde cuándo aplica?

Este proyecto cobija las deudas causadas e incumplidas desde la declaratoria de emergencia sanitaria ordenada por el Gobierno Nacional el 12 de marzo de 2020, hasta ocho meses después que la misma sea suspendida. Dos situaciones se regulan: una para las demandas que se hayan iniciado antes de la vigencia de esta futura ley y otra para las demandas que se presenten después de estar vigente la norma que se propone. En ambos casos, hasta ocho meses después de que se levante la emergencia sanitaria. 

¿Este proyecto no afecta la estabilidad del sistema financiero?

Por el contrario, el sistema financiero sabe que alguien que está embargado está lejos del crédito y también sabe que las obligaciones que ellos cobren y terminen en embargo, al final deberán ser provisionadas, es decir constituye un gasto para los acreedores financieros. Ninguna de las dos situaciones les resulta conveniente. Basta observar el último informe sobre percepción del crédito, elaborado por el Banco de la República, en el que se demuestra que, a pesar de existir recursos, las solicitudes de crédito han disminuido. 

Las obligaciones por parte de los deudores van a seguir existiendo, lo único es que no podrán acudir a los embargos, pero solo con quienes acrediten las condiciones que establece el proyecto: haberse quedado sin empleo o dejar de recibir un ingreso que de manera regular percibía durante la pandemia o ser micro o pequeña empresa o de economía solidaria afectada por esta emergencia.

Algunos críticos dicen que su propuesta rompe la estabilidad jurídica…

La pandemia rompió todo. El Gobierno emitió decenas de decretos durante las dos emergencias económicas en los que ha habido que modificar las condiciones establecidas inicialmente, como el que prohibía que un arrendador pudiera desalojar a un arrendatario durante el primer confinamiento y la que permitió, de forma transitoria, para las deudas tributarias facilidades de pago y plazos que nunca se habían concebido. Para situaciones de crisis y anormales, se requiere medidas de la misma naturaleza.

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