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Acción popular busca detener millonario contrato del agua en Santa Marta

La acción legal se basa en diversas irregularidades, destacando el riesgo de impacto ambiental que amenaza la preservación del ecosistema en el Parque Tayrona.

El proyecto denominado Solución Definitiva del Agua «El Curval» en Santa Marta se enfrenta a un nuevo capítulo de críticas. Esta vez, las preocupaciones técnicas y científicas han derivado en acciones legales que buscan tomar medidas concretas en contra de esta controvertida obra. Esta mega construcción compromete las finanzas futuras de la capital del Magdalena y está valorada en 1.6 billones de pesos.

Blu Radio obtuvo detalles exclusivos sobre la acción popular presentada por Luis Miguel Moisés, activista ambiental y portavoz de la veeduría ciudadana del agua. Esta acción busca medidas cautelares contra el proyecto, actualmente en proceso de licitación, el cual la Alcaldía de Santa Marta pretende contratar antes del 26 de diciembre de este año.

Moisés fundamenta su demanda en las irregularidades previamente señaladas por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Además, hace referencia a las observaciones planteadas por la veeduría ciudadana que lidera.

Uno de los puntos más preocupantes del proyecto multimillonario radica en la supuesta insuficiencia del caudal de los ríos que serán intervenidos, lo que no resolvería de manera efectiva la escasez de agua en Santa Marta. Sin embargo, lo más alarmante es la posibilidad de un impacto ambiental irreversible que podría afectar al Parque Nacional Tayrona.

«Los estudios que respaldan este proyecto no consideraron la comparación del caudal ecológico o ambiental de los ríos, es decir, el volumen y calidad de agua necesarios para mantener el funcionamiento ecológico y garantizar el ciclo de vida de los organismos que habitan en ellos. Esto podría resultar en una sobreexplotación de la cuenca. Estas aguas son vitales para el Parque Tayrona, por lo que este proyecto podría afectar seriamente el ecosistema de la reserva natural», explicó Moisés.

Además, otra de las preocupaciones con respecto a esta megainfraestructura es la ausencia hasta la fecha de la licencia ambiental. El activista samario considera que, «al tratarse de un proyecto en una reserva natural, se deben obtener los permisos correspondientes ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Dado que esto no se ha realizado, existe la posibilidad de que este proyecto tenga el mismo destino que el de la erosión costera de Playa Salguero, suspendido por falta de autorización. Esta situación implicaría retrasos significativos en tiempo y presupuesto, impactando nuevamente en todos los habitantes de Santa Marta», concluyó Moisés.

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