El mandatario nacional asegura que la Fiscalía ejecuta «actividades relacionadas con narcotráfico» desde esa localidad costera del Pacífico.
Basado en un informe del periodista Daniel Coronell, quien desveló unos audios donde supuestamente el director del CTI de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, estaría implicado en operaciones de narcotráfico y otras actividades delictivas en el puerto del Pacífico, el Presidente de la República Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X y denunció el posible uso de la Fiscalía para exportar cocaína desde esa ciudad en el Valle del Cauca.
En su publicación a las 9:13 de la noche del domingo 26 de noviembre, Petro sostuvo que las grabaciones presentadas por Coronell eran pruebas para incriminar al funcionario, pero que la Fiscalía no había actuado al respecto.
El mandatario refirió a Francisco Javier Martínez Ardila como ‘Pacho’, apodo utilizado por sus allegados, y cuestionó por qué se le estaría protegiendo, haciendo nuevamente alusión a la Fiscalía.
«Decían que no hay pruebas contra ‘Pacho’, pero aquí presentan hasta grabaciones. ¿Cómo es posible que hayan utilizado la Fiscalía para exportar cocaína en Buenaventura y hayan protegido al presunto delincuente?», citó textualmente el presidente.
En este escenario, la revista Semana intervino recordando que en su última edición impresa reveló un informe que sugiere que las grabaciones y señalamientos de tráfico de cocaína desde Buenaventura serían un complot para afectar a la Vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera.
De acuerdo con la investigación periodística, los miembros del CTI Pablo Bolaños y Fabio González habrían utilizado su posición de agentes encubiertos para traficar drogas en la costa del Pacífico.
Estos funcionarios serían quienes incriminan a Martínez Ardila y también mencionan a la Vicefiscal Mancera.
Semana informa que ambos investigadores están bajo investigación y enfrentan cargos por delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, falsedad ideológica en documento público y peculado.
En medio de este embrollo judicial, se relaciona la muerte de Mario Fernando Herrera, un agente del CTI secuestrado y asesinado en el Cauca por disidencias de las FARC, quien formaba parte del equipo de investigadores que ahora denuncian.
Al conocer las afirmaciones de Bolaños y González, la Vicefiscal Mancera afirmó que esto es un plan proveniente de la Casa de Nariño y señaló al Presidente Petro de intentar desprestigiarla con estas denuncias.
Según el informe de Coronell, los agentes mencionados habían alertado a la Vicefiscal Mancera sobre las acciones del director del CTI de Buenaventura sin obtener respuesta alguna.
Sin embargo, según Semana y las confesiones de dos condenados por tráfico de drogas identificados como Yeison Garzón y Carlos Loaiza, estos fueron socios de los agentes denunciantes, Bolaños y González, en una organización criminal que operaba con mafiosos de Cauca y Caldas.
La Vicefiscal Martha Mancera declaró a la publicación que «nos enteramos de que uno de los agentes encubiertos había salido con otros investigadores hacia el Cauca, pero, sorpresa, sin resolución de la Fiscalía para autorizar. Sin que el fiscal supiera que iban a recoger 500 kilos de marihuana para traerlos al Bajo Cauca antioqueño, poder sumar mil kilos y venderlos a otra organización criminal. Por eso fue que ellos no dieron ninguna explicación distinta a decir que su compañero tenía agencia encubierta y que con ocasión de eso lo habían matado», señaló Mancera.
Loaiza y Garzón están colaborando con la justicia y vincularon sus actividades a Yeison Garzón y Carlos Loaiza.
