Indicó que aproximadamente 10 mil unidades residenciales se ven afectadas por los cortes abusivos de Aire en la actualidad.
En una conferencia de prensa cargada de emotividad, representantes de diversas entidades como la Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico, el Colegio de Administradores, la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos, administradores de conjuntos residenciales y usuarios, hicieron serias denuncias en contra de la empresa Aire, responsable del suministro eléctrico en Barranquilla y el Atlántico.
Silvia Padilla, presidenta de la Lonja de Propiedad Horizontal, expresó su preocupación sobre el inminente colapso de estas propiedades debido a las continuas y arbitrarias suspensiones del servicio por parte de la empresa Aire a los diferentes conjuntos residenciales y condominios. «Hacemos un llamado para establecer una mesa de negociación y abordar esta delicada situación», enfatizó Padilla, señalando además la inhumanidad de cortar el suministro eléctrico a áreas comunes, dejando sin luz a los residentes, incluyendo niños, ancianos y personas con necesidades médicas, cuando el problema radica en zonas comunes de un conjunto en particular.
La líder gremial instó al Gobierno nacional a intervenir mediante diálogos y comisiones que puedan verificar estas denuncias, resaltando el impacto asfixiante que esto tiene en las familias que viven en propiedades horizontales.
Padilla indicó que aproximadamente 10 mil unidades residenciales se ven afectadas por los cortes abusivos de Aire en la actualidad, y lamentó la falta de pronunciamiento por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
«Estamos hablando de abusos por parte de una empresa privada y de omisión estatal. Se está violando el debido proceso a las personas. No es verdad que los administradores impidan el acceso a los operarios de Aire cuando necesitan intervenir en áreas comunes de los conjuntos», resaltó Silvia Padilla.
«De manera imprudente, para recuperar deudas de áreas comunes, suspenden el servicio al conjunto entero, generando conflictos en la convivencia ciudadana», concluyó.
Por otro lado, Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos, señaló que desde el año pasado han exigido a las autoridades la eliminación del régimen especial de tarifas que afecta a los usuarios de la costa norte de Colombia. Esta demanda ha sido respaldada por varias organizaciones y entidades.
Alarcón mencionó que actualmente existen tres demandas en contra de este régimen especial tarifario: dos en el Consejo de Estado, una interpuesta por los alcaldes de la costa Caribe y otra por el concejal Antonio Bohórquez, y una tercera presentada por el consultorio jurídico de la Universidad del Norte ante el Tribunal Administrativo del Atlántico.
El dirigente gremial también destacó que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, en su artículo 372, ratificó este régimen tarifario que había sido aprobado durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos, generando un impacto adverso contra los habitantes de la región costeña.
