A Pulgar le quedarían dos salidas jurídicas negociables para una sentencia

A Pulgar le quedarían dos salidas jurídicas negociables para una sentencia

En días pasados, la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida de aseguramiento que pesa en contra del exsenador de la República Eduardo Pulgar Daza y que lo mantiene recluido en la cárcel ‘La Picota’.

Esto, luego que el periodista Daniel Coronell revelara una grabación donde se escucha al excongresista ofrecerle “200 barras2 al Juez Primero Promiscuo de Usiacurí , Andrés Rodríguez Cáez para fallar a favor de Luis Fernando Acosta.

Según la defensa de Eduardo Pulgar, tales declaraciones carecen de validez, pues el mismo juez involucrado admitió haber destruido el contenedor original por “miedo” y no se sabría quien aseguró los archivos en otro espacio y que no se reconocen las voces de quienes hablan en ese momento.

En palabras del abogado, “ni el audio ni los archivos son técnicamente perfectos como para sostener que son auténticos sin necesidad de un testigo que los acredite, sino que se requiere prueba técnica confiable sometida a contradicción”.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se ha mantenido en la posición indicando que la petición de la defensa de Pulgar debió puntualizar el tipo de error probatorio en el que se funda la solicitud.

“Acreditar cómo, de no haber ocurrido la supuesta falta, el sentido de la decisión habría sido sustancialmente distinto y apuesto al contenido en la resolución objeto de cuestionamiento”, indicó.

Esto significa que en el momento que el Juez Rodríguez se ratifica con su testimonio bajo la gravedad del juramento le está dando legalidad a lo manifestado en los audio. Con esto, habría razones de sobra para estar exiliado en otro país por las amenazas de las que fue víctima por estos hechos, que en su momento trascendieron en la política nacional.

Otro camino que podría tomar es someterse a sentencia anticipada, ganarse los beneficios de rebaja de pena y posteriormente al ser condenado aplicar a los beneficios que aprobó la Corte Constitucional para personas condenas.

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