Son 14 los procesos que se están llevando por incumplimientos en la atención.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha iniciado acciones legales contra diversas organizaciones que gestionaban servicios para la primera infancia en La Guajira, debido a su falta de respuesta en la alimentación de los niños y niñas, según denunció la entidad.
Astrid Cáceres Cárdenas, directora general del ICBF, ha subrayado que esta situación constituye uno de los motivos para modificar el modelo de atención en este departamento.
«Contamos con fundamentos sólidos para cambiar el modelo de atención en La Guajira, ya que no estamos logrando hacer frente a la desnutrición infantil, tal como evidenció el informe de la Contraloría durante el período comprendido entre 2018 y 2022», afirmó Cáceres. Además, la directora anunció que la comunidad ha sido convocada para respaldar al instituto en esta transformación del modelo.
La funcionaria recalca que el cambio de modelo en La Guajira encontrará resistencia, pero responde a una necesidad real tras encontrar situaciones que no lograban tener el impacto y la efectividad necesarios en el bienestar de los niños y niñas.
De acuerdo con el Instituto, se detectaron irregularidades relacionadas con la entrega tardía de alimentos por parte de algunas asociaciones, así como el impago a las agentes educativas. Estas anomalías han llevado al ICBF a tomar medidas sancionatorias contra 5 organizaciones, además de otros 14 procesos en curso contra aquellas entidades que no han cumplido con sus compromisos hacia las comunidades.
La directora general del ICBF ha informado que se ha iniciado un diálogo con las autoridades ancestrales tradicionales, los resguardos y los cabildos, con el fin de colaborar en la zonificación y la operación para que la atención se enfoque en las comunidades y no exclusivamente en los niños, como se venía haciendo.
«Si buscamos obtener resultados diferentes, es necesario implementar una metodología diferente», argumentó la funcionaria.
«Lo que hemos llevado a cabo es la unificación de presupuestos para atender desde la mujer gestante hasta los niños y niñas menores de dieciocho años, evitando dispersar recursos en programas independientes», concluyó.
