Salvatore Mancuso será juzgado por la justicia transicional debido a su papel como enlace entre las AUC y la fuerza pública. Los beneficios legales que pueda obtener se definirán más adelante.
La Justicia Especial de Paz (JEP) aceptó el sometimiento excepcional de Salvatore Mancuso el pasado viernes 17 de noviembre. En esta ocasión, la JEP considera que Mancuso fue parte de la fuerza pública entre 1989 y 2004, actuando como un nexo entre los paramilitares y dicha fuerza.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas emitió un concepto durante la diligencia virtual sobre los aportes de verdad del exjefe paramilitar, quien se encuentra preso en EE.UU. Este análisis determinará si desempeñó un rol de bisagra o conexión con agentes estatales.
En 2020, la JEP había rechazado previamente el sometimiento de Mancuso, al concluir que su papel correspondía al de un «miembro orgánico» de la estructura criminal, con una función continua de combate, según la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En esa etapa, Mancuso buscaba someterse a la JEP como tercero civil colaborador o financiador del paramilitarismo entre 1989 y 1997, antes de su unión a las AUC, organización de la cual fue su último comandante.
Durante ese periodo, la defensa de Mancuso argumentó que patrullaba junto a un grupo armado compuesto por militares, antiguos guerrilleros y otros combatientes, portando armas largas y participando directamente en acciones armadas con fines contrainsurgentes, más allá de proporcionar información.
Desde entonces, el excomandante de las AUC ha realizado varias declaraciones virtuales en audiencias ante la JEP, buscando acogerse a esta justicia especial que contempla sanciones alternativas a la privación de libertad a cambio de revelar la verdad.
En mayo, admitió hechos conocidos, como los vínculos entre paramilitares, políticos y empresas, así como crímenes cometidos, y proporcionó datos inéditos, como la existencia de desaparecidos en Venezuela, a donde trasladaban los cuerpos de las víctimas para ocultarlos. El 26 de julio, el Gobierno de Gustavo Petro anunció su intención de solicitar la extradición de Mancuso a Estados Unidos, a pesar de haber sido designado como «gestor de paz».
La designación de Mancuso como gestor de paz no lo exime de responsabilidades penales ni de comparecer ante entes judiciales por su pasado en las AUC, según aclaró el Gobierno, que insiste en seguir indagando sobre el proceso de paz entre el Gobierno de Uribe y los paramilitares.
El presidente Petro ha señalado que dicho proceso no ha finalizado y que aún se desconoce toda la verdad. Además, ha manifestado que las propiedades entregadas durante este proceso se han perdido, quedando en manos del Estado y siendo aprovechadas por nuevos grupos que continúan el legado del paramilitarismo. Las AUC, señaladas como el grupo responsable de la mayoría de los homicidios durante el conflicto armado, se desmovilizaron en 2006 tras un acuerdo con el Gobierno de Uribe.
