Confidencialidad la palabra para asaltar el Estado

Confidencialidad la palabra para asaltar el Estado

En Colombia, quienes administran la cosa pública siempre se inventan algo para evadir los controles que ellos mismos se imponen en leyes que aprueba el  legislativo. En el gobierno del presidente Iván Duque, se inventaron una palabra que está haciendo  carrera “CONFIDENCIALIDAD”. Con base a ella se han efectuado unos negocios en los cuales según el gobierno se firmó acuerdos de confidencialidad,  los cuales no se pueden romper, so pena de tener que pagar una multa. Al respecto el Congreso aprobó una Ley que dice:

“La Ley Estatutaria 1712 del 6 de marzo de 2014, plantea que se conocerá como información reservada aquella que afecte intereses públicos (artículo 19) y como clasificada aquella que afecte intereses particulares (artículo 18)”.Este último artículo en su literal c, prohíbe entregar secretos comerciales, industriales o profesionales. El literal i, del artículo 19, hace referencia a la salud pública.

Analicemos los negocios que ha realizado el gobierno del presidente Duque, y las juntas directivas de las empresas Triple A y Electricaribe en liquidación bajo el concepto de “confidencialidad” establecido en la Ley antes citada..

  1. LA VENTA DE ELECTRICARIBE

Se aduce por parte del gobierno nacional que el monto de la negociación no se puede dar a conocer a los colombianos porque se firmó con los posibles compradores un acuerdo de confidencialidad.

El negocio consistió en vender los activos y el mercado cautivo de Electricaribe en liquidación, mediante una subasta de uno, es decir, solo se presentó un comprador en  cada mercado.

En varias ocasiones le hemos solicitado al presidente Duque, como a su ministro de Minas y Energía, a la Superservicios y a la Agente Liquidadora que den a conocer  el monto que el gobierno recibió en esa venta. Igualmente le solicitamos al Contralor, Procurador y Fiscal, que intervengan para que los colombianos podamos conocer el monto de la venta.

De acuerdo a lo que establecen los artículos 18 y 19, de la Ley 1712/14, no encaja el concepto de confidencialidad en el negocio de Electricaribe. No hay ningún secreto que guardar por varios aspectos: el primero es un solo comprador para cada mercado, lo que implica que el precio que pago uno no afecta el precio pagado por el otro. Segundo no puede existir secreto alguno en esa transacción, porque no hay como pactar reservas profesionales, industriales y comerciales, dado que lo vendido son activos como postes, cables, trasformadores, carros, oficinas que en nada afectan la seguridad de los compradores, tercero Electricaribe es una empresa distribuidora y comercializadora de energía, cuya actividad no requiere ningún conocimiento especializado o formula científica para administrar el negocio.

Lo que  creemos es que el gobierno no quiere dar a conocer el monto de esa negociación que se hizo hace nueve (9) meses, porque no tiene como justificarla dado que invirtió en Electricaribe alrededor de $8.3 billones de pesos, unos US$2.400, millones, a precio de hoy, discriminados así: pasivo post toma : pensional $1.6 billones, préstamos y recursos propios $2.4billones, pasivo antes toma: financiero $1.6 billones , contratistas $400.000 millones, y regalo de cartera $2 billones y por factura $345.000 millones, para un total de $8.3 billones.

Es bueno recordar que esta misma empresa hace 23 años, el gobierno nacional con Cecilia López y Orlando Cabrales (gobierno de Samper) la vendió en US$800 millones, y el senador Amylkar Acosta dijo, que la habían vendido a precio de “gallina flaca”.

¿En cuánto la vendió usted presidente Duque? Los colombianos queremos saber. Por lo pronto sabemos que Alberto Ríos asociado con Enerpereira pagó por Caribe Sol $285.000 millones, unos US$82.4 millones. No tenemos idea cuanto pago EPM, por Caribe Mar.

A los gastos de inversión hechos por el gobierno habría que sumarle la demanda de Naturgy(antigua Unión Fenosa)que presento ante el Tribunal de Arbitramento de la ONU, por la suma de US$1.547 , millones, que esta para fallo este año.

Saben ustedes, en cuanto creemos vendió Electricaribe el presidente Duque, en $700.000 millones, unos US$202.4 millones. El negocio del siglo en Colombia, invirtió US$2.400 millones, sin incluir valor de la demanda por US$1.547 millones, para recibir US$202.4 millones, cuando hace 23 años, la vendimos en US$800 millones.

Por ello mediante un derecho de petición le  hemos solicitado al  Contralor, nos responda  cuando los colombianos vamos a conocer el monto de la negociación que se hizo con Electricaribe a las empresas AIR-E y AFINA de EPM, pregunta que según tengo conocimiento se la hizo también el senador Jorge Robledo.

Igualmente le solicitamos le informe a los colombianos ¿Cuáles fueron  los argumentosos jurídicos  para mantener esta información en secreto?

  • LA  COMPRA DE LAS VACUNAS

¿ Porque confidencialidad en el precio de las vacunas?. Acaso  en el  precio de compra, va involucrado un secreto intelectual, comercial o profesional. Existen referencias de precios en el mercado internacional sobre esta vacuna. Por ello no es válido el argumento del gobierno, ni de la CGR,  que  dar a conocer el precio de compra pone en riesgo al laboratorio que nos la vende. Tampoco  se puede alegar que afecta la competencia, porque ese no es un mercado de libre competencia, es un mercado oligopólico. En este mercado, cada laboratorio farmacéutico fija el precio de su producto, basado en los costes de investigación incurridos para obtener la vacuna. Para nada tiene en cuenta el precio que fijará la competencia, por tratarse de un producto de alta tecnología y con características diferentes que son difíciles de comparar. Tanto es así, que cada laboratorio fijo su precio para su vacuna así, en dólares :Moderna(37),Sinovac(30),Pfizer(20),Gamelaya(10),Oxford-Astra Zeneca(4), según el portal STATISTA.

 La confidencialidad lo que lleva es a posibles actos de  corrupción, no a poner en peligro a la empresa vendedora. Sobre este tema, el periódico El Tiempo publico el 17 de enero, de este año, la columna de Germán Vargas Lleras y la entrevista que hiciera el periodista Yamit Amat, al presidente de la Federación de médicos de Colombia, ambas relacionadas con las vacunas.

Vargas Lleras dice:” Qué podíamos hacer? ¿Exigir condiciones que en ningún otro país prosperaron? Es también muy irresponsable crear dudas sobre la transparencia en el proceso de contratación. No fue el Ministerio de Salud el que suscribió los contratos, sino la Unidad de Gestión del Riesgo a través de La Previsora. En este participaron comités científicos y de expertos, y la Academia de Medicina, entre otras. Aquí no debe haber suspicacias, la propia ley de transparencia de 2014 prohíbe entregar información que verse sobre secretos en materia de salud pública o defensa nacional.”

Por su parte, el médico Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica de Colombia afirma, que la información suministrada por el gobierno ha sido contradictoria, insuficiente, imprecisa e inoportuna. En la entrevista  Yamit Amat, le pregunta y el doctor Isaza responde:

¿Por qué no están ustedes de acuerdo con la confidencialidad?

“Entendemos que este tipo de contrato tenga cláusulas de confidencialidad para proteger secretos industriales y propiedad intelectual,En la medida que las vacunas son medicamentos de interés público y se van a utilizar dineros públicos, aspectos como el precio de cada dosis de vacuna debería ser conocido, para poder compararlo con los precios internacionales. O los condicionamientos que imponga cada contrato para la venta de estos bienes de interés público. Por ejemplo, fue noticia reciente que una compañía farmacéutica productora de una de las vacunas había condicionado al Gobierno el cupo y la venta si le daba derecho a explotar glaciares, que son patrimonio de la nación”.

Compartimos la tesis del médico Sergio Isaza, y por supuesto rechazamos la del doctor Vargas Lleras. Creemos que los argumentos expuestos por el doctor Vargas Lleras son errados, al interpretar que si el gobierno da a conocer el precio de compra se pone en peligro la seguridad del país y la seguridad pública. Eso no es cierto. Ninguna de las dos, se ponen en peligro al darse a conocer el monto de la negociación, tal como lo afirma el doctor Isaza y menos cuando en el mundo se conocen los posibles precios de las distintas vacunas contra el Covid-19.

Lo dicho, en la entrevista por el Doctor Sergio Isaza, amerita una aclaración de parte del presidente Duque o su Ministro de Salud. El país, no puede permitir que le pongan condiciones especiales los laboratorios farmacéuticos para poder venderle su vacuna.

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No puede existir secretismo, en un negocio donde compro una mercancía llamada vacuna a un precio fijado por el vendedor.

     3. LA JUNTA DIRECTIVA DE ELECTRICARIBE Y LA TRIPLE A.

Señor Contralor o Directora de SSPPDD, pueden por favor explicarnos con base a que estas dos empresas, una en liquidación y la otra intervenida por una entidad del Estado, la SAE, le hicieron firmar a los miembros de su junta directiva un acuerdo de confidencialidad, siendo que los nombrados fueron a dedo, por las mismas entidades. Que secreto puede tener una junta de la Triple A, y de Eletricaribe. Con esta medida no están buscando el tapen-tapen, tan común en el país. En verdad tienen soportes técnicos y jurídicos para explicar esos dos casos. Hoy no sabemos porque Electricaribe durante la intervención perdió $3.2 billones, y en que se gastaron los recursos que se le facilitaron por el gobierno. Ni que va a pasar con la deuda ante intervención  que es de $2.4 billones. Tampoco tenemos claridad en el desfalco que se le hizo a la Triple A, por una suma de $27.800 millones, cifra reconocida, pero que estamos seguro de hacer una auditoria forense en los últimos doce años, la cifra puede ser superior.

     4. LA VENTA DE ORO POR EL BANCO DE LA REPÚBLICA

 Le hemos pedido a la Contraloría, Procuraduría  y Fiscalía, que investiguen a fondo la venta de las 2/3, partes de las reservas de oro del país, por parte de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República  por detrimento patrimonial al vender la onza de oro en junio del año 2020, en US$1.727, bajo el argumento que el precio del oro es volátil, cuando se sabe que eso es mentira, el oro es un material refugio para los inversionistas en tiempos de incertidumbre. Su precio hoy es de US$1.852, la onza. Desde el día de la venta el precio del oro, siempre ha estado por encima del precio que vendieron. Incluso las proyecciones del Citi Bank y JP Morgan superan los US$2000, para el 2021

 Lo anterior significa, que de haber vendido hoy, cuyo precio es de los más bajos, hubiéramos obtenido un ingreso adicional de US$39.1 millones. Cifra que sale de multiplicar las onzas vendidas 312.883 x (1.852—1.727) = US$39.1 millones.

Por otra parte no se justifica el argumento del Banco, al afirmar que las reservas del país corrían peligro, cuando el oro que tenemos no representaba ni el 3%, de nuestras reservas.

Dada la complicidad de los organismos de control del Estado, no dudamos que los negocios que efectué el gobierno del presidente Duque, se firmarán con la cláusula de la “CONFIDENCIALIDAD”. No nos extrañemos sino sabremos a qué precio se venderan los activos de Ecopetrol, Gecelca, urra, ISA,  y el resto de activos que Alberto Carrasquilla quiere feriar

Es tan cierto, lo que afirmó sobre los organismos de control del país, que a la fecha  no han dicho nada de las malas inversiones de Ecopetrol en los Estados Unidos, en Reficar y en Energy, donde se han perdido más de US$5.000 millones, como en los sobrecostos en las obras públicas, ni en los contratos de Findeter sobre el canal navegable del puerto de Barranquilla, o por la venta del oro y  Electricaribe ¿Quién está sancionado o preso por esos negocios?

“La confidencialidad es la palabra para apropiarse de los dineros públicos”.

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