¿Qué pasó con el escándalo en el ICBF por desangre de más de $250 mil millones?

¿Qué pasó con el escándalo en el ICBF por desangre de más de $250 mil millones?

Tras hallazgo de la Contraloría General de la República con las 28 mil raciones de alimentos a 15 mil “beneficiarios” fallecidos.

Hace un mes con bombos y platillos la Contraloría General de la República destapó la olla podrida al interior del ICBF con un escándalo sin precedentes registrados, donde al parecer se repartían porciones millonarias entre algunos contratistas del Bienestar Familiar.

En su momento la Contraloría advirtió acerca de un detrimento al ICBF que superaban los $2.250 millones de pesos como resultado de una serie de irregularidades halladas tras las 28 mil raciones de alimentos y que fueron entregadas a 15 mil beneficiarios personas fallecidas por parte de algunos contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familar (ICBF).

¿Qué acciones se han tomado con la madre de los 172 hijos?

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General (DIARI), María Fernanda Rangel, afirmó que la entidad halló una serie de anomalías, pero llamó especial atención el caso de una mujer, en Chimichagua (Cesar), a la que se le entregaron raciones para 172 hijos que dijo tener.

Sobre este particular no se han conocido acciones adoptadas frente a este caso que sin duda alguna resulta increíble y que bien debería ya estar cursando una investigación de tipo penal ante la Fiscalía General de la Nación, toda vez que el detrimento millonario va en contra de la nación.

Con todos los hallazgos citados por el órgano de control del Estado en representación de la comunidad y cumpliendo con el control fiscal a la administración y a los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación, la Contraloría está en la obligación de dar trasladó oportunamente a la Fiscalía y la Procuraduría sobre los presuntos hallazgos penales y disciplinarios detectados en las auditorías realizadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, al igual que las más de cien mil planillas que diligenciaron sus operadores, donde identificaron las 28 mil entregas que se dieron a supuestos “beneficiarios” ya fallecidos.

ICBF presentó denuncia ante la Fiscalía

Previendo lo que se avecinaba, a comienzos de diciembre, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, interpuso una primera denuncia, ante la Fiscalía General de la Nación, luego de una investigación interna que dejó al descubierto las irregularidades en la entrega de canastas alimentarias a menores que previamente habían sido reportados como fallecidos.  

Acciones adelantadas hasta el momento por la Contraloría

Este caso fue asumido por la Unidad de Investigaciones contra la Corrupción, luego que el Contralor Felipe Córdoba declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la entrega de raciones de alimentos en varios departamentos a beneficiarios fallecidos, acudientes con múltiples beneficiarios y contratos con bajo índice de cumplimiento, por lo que hay posibilidades de que exista un detrimento patrimonial.

Rifirrafe entre ICBF y la Contraloría

Lina Arbeláez, directora del ICBF, pidió el informe al órgano de control para contrarrestar los datos y adelantar la investigación pertinente, sin embargo, la Contraloría señaló que no entregarían ninguna información detallada, además, no dan respuesta a la conformación de la mesa de diálogo.

En cuanto a la petición de conformar una mesa de diálogo, la Contraloría se remitió al Decreto de Ley 403 de 2020, que explica que “la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información”.

Por el momento, en que se produjo la información recogida goza de reserva.

Así las cosas y de llegarse a comprobar, la Contraloría deberá dar parte a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría para tomar acciones en el marco judicial.

“Después de la tormenta viene la calma”

Se espera un pronunciamiento de parte de la Contraloría General de la República, pues una calma frente a este sonado caso parece perder la efervescencia de impacto nacional como bien la definió el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, y a portas del fin de año, no se conoce cuántos funcionarios y contratistas han sido llamados a indagación preliminar y resultados de los mismos en caso de haberse hecho.

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