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Procuraduría exige al Ministro de Salud acciones inmediatas para garantizar tratamiento de Hepatitis C

La demora en adquisición de medicamentos pone en riesgo la salud de pacientes crónicos.

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una exigente solicitud al Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, instándolo a tomar medidas inmediatas y efectivas para asegurar la disponibilidad de medicamentos vitales en el tratamiento de la Hepatitis C, una enfermedad crónica de alto costo que afecta a cientos de ciudadanos colombianos.

Además, la entidad encargada de la vigilancia y control del Estado ha dirigido una petición a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para que continúe con los procedimientos de compra directa del medicamento EPCLUSA. Esta solicitud se suma a un requerimiento anterior emitido por la Procuraduría hacia la ADRES, con el propósito de que informen sobre las medidas correctivas adoptadas en relación con la adquisición de estos fármacos esenciales.

Según la legislación vigente, el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de adquirir productos farmacéuticos a través del sistema de «compra centralizada». Sin embargo, las demoras en los trámites han generado una situación crítica que pone en riesgo la salud de aquellos que luchan contra la Hepatitis C.

Un informe presentado a la Procuraduría ha revelado la alarmante escasez de medicamentos para la Hepatitis C en el año 2023, lo que ha impedido que cientos de personas comiencen tratamientos oportunos para combatir esta enfermedad crónica.

La gestión farmacéutica eficiente y económicamente responsable también recae en las decisiones del Ministro de Salud. No obstante, las negociaciones de precios y las estrategias comerciales no pueden justificar el incumplimiento en la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos.

La Procuraduría ha iniciado acciones disciplinarias para investigar el desabastecimiento de este y otros medicamentos en el país, con el objetivo de asegurar que los pacientes crónicos reciban el tratamiento necesario para su bienestar y calidad de vida. La salud de los ciudadanos no puede estar en juego debido a retrasos administrativos y burocráticos.

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