Procuraduría tiene en la mira 5.000 contratos en San Andrés tras el paso de Iota

Procuraduría tiene en la mira 5.000 contratos en San Andrés tras el paso de Iota

Fernando Carrillo sostuvo que se vigilan más de 5.000 contratos suscritos en 2020 por la Administración departamental de la isla por más de $191 mil millones

La Procuraduría General de la Nación inicio una vigilancia a más de 5.000 contratos suscritos en 2020 por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con entidades del orden nacional y territorial, por un monto que supera los $191 mil millones.

El Ministerio Público identificó que desde el 17 de noviembre, después del paso del huracan Iota, en el departamento se han a celebrado 318 contratos, por valor de $7.035 millones, de los cuales 6, que suman $2.315 millones corresponden a obras o servicios no asociados directamente a la recuperación, reconstrucción y normalización del archipiélago como el alumbrado navideño, capacitaciones para agentes de transito o funcionarios de nivel directivo y participación en torneos de baloncesto, por lo que se abrirá proceso disciplinario.

Como parte de una acción preventiva, el ente de control busca establecer la existencia de una presunta nómina paralela, con cerca de 1.500 contratistas, entre quienes figurarían personas que no residen en la isla.

La PGN focalizó la vigilancia y seguimiento en 12 negocios jurídicos suscritos con diez contratistas, por más de $16.300 millones.

Los contratos focalizados fueron suscritos con Carlos Rafael Benet González, el Consorcio Circunvalar, Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S, Asociación Sweet Food, Federación Colombiana de Baloncesto, Society Protection Technics Colombia Ltda., Corporación Festival Internacional de Cine Cartagena de Indias, Society Servies General S.A.S., Consorcio Alcantarillado Avenida Newball, y Aqua SAI S.A.S.

Desde 2008 estas firmas han ejecutado 44 contratos con entidades territoriales, por un valor superior a los $56.639 millones, de los cuales el 80% fueron adjudicados por la gobernación del archipiélago.

Entre enero y marzo la contratación sobrepaso los $112 mil millones. De abril a loque va corrido de diciembre, cuando ya había sido declarada la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, la contratación fue de casi $79 mil millones.

El órgano de control solicitará información a las siguientes entidades del orden territorial y nacional como el ICBF, el ICA y el SENA, entre otras.

Alumbrado Navideño

La PGN abrió indagación preliminar al gobernador encargado del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alen Jay Stephens (2020), a los secretarios General (e), Martha Moreno; de Hacienda, Liza Hayes, y de Planeación, Bartolomé Taylor, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje del alumbrado navideño de la isla, por valor de $1.550 millones.

El ente de control investiga si los funcionarios publicaron oportunamente en la página web del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) los estudios previos, el acta de inicio y la póliza de cumplimiento del Contrato No. CO1.PCCNTR.2037986, celebrado con la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.

También indaga si la póliza de responsabilidad civil del acuerdo fue adquirida seis días después de haber sido suscrita el acta de inicio, y si los servidores habrían excluido a las empresas públicas de energía del archipiélago -EMDESAI, EDDAS y SOPESA-, que estarían en capacidad de ejecutar el alumbrado navideño a menor costo.

Contratación por covid-19

La PGN abrió investigación disciplinaria al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gary Hooker, y a la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Ana Mercedes Newball Taylor, por presuntos sobrecostos en el Contrato 1163 de 2020, suscrito con Fumigaciones Pest Control Providencia, días antes de la emergencia ocasionada por el Huracán Iota, para la desinfección de los edificios públicos y vehículos de la alcaldía, por valor de $200 millones.

Así mismo, investiga al secretario de Salud del departamento, Julián Roberto David Robinson, por presuntas irregularidades en dos contratos, cuyos objetivos estaban dirigidos a adquirir elementos de protección personal para el cuerpo médico del hospital departamental, por $360’707.648.

El Ministerio Público busca determinar el estado en que llegaron los suministros luego de que el operador del hospital devolviera 5.500 mascarillas, que aparentemente no estarían en condiciones adecuadas para proteger la vida de los trabajadores y pacientes.

De igual manera, avanza la indagación preliminar contra el exgobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, por posibles irregularidades en la ejecución del Contrato No. 569 de 2020, suscrito con la Asociación Sweet Food, por valor de $1.083’420.000.

El acuerdo jurídico tenía por objeto el suministro de almuerzos, y entrega de paquetes alimentarios y de aseo para 300 adultos mayores, en el marco de las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de la pandemia de covid-19 en el departamento.

Otros contratos

El Ministerio Público también indaga a funcionarios por determinar de la gobernación, por presuntas irregularidades en la contratación del suministro de agua potable en carrotanque, por valor de $450 millones.

La PGN busca establecer si se habría pactado un contrato ficticio con la empresa Aqua SAI LC A.S.A, teniendo en cuenta las denuncias de la comunidad del sector del Cove, por el presunto incumplimiento en la cobertura del servicio.

Además, investiga al jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la gobernación, Juan Enrique Archbold Dau, por posibles irregularidades, detrimento patrimonial y mal uso de los recursos, por el presunto incumplimiento de los contratos de servicios profesionales No. 749 y 750 de abril de 2020, suscritos con dos periodistas.

El ente de control busca establecer si los dos profesionales realizaron los programas de diseño, coordinación, elaboración, análisis y manejo de crisis por factores externos de la gobernación departamental, y los programas de radio institucionales. Igualmente, si los comunicadores residen en el departamento.

La Procuraduría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Los indagados e investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre si así lo desean.

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