Descubierta modalidad virtual de tráfico de fauna silvestres y especies en riesgo de extinción

Descubierta modalidad virtual de tráfico de fauna silvestres y especies en riesgo de extinción

La crueldad de un negocio criminal que atenta contra la biodiversidad y el sostenimiento de los recursos naturales quedó en evidencia luego de la acción investigativa articulada de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO).

Fauna nativa y algunas especies exóticas eran ofrecidas y comercializadas por WhatsApp, y trasportadas por carretera a diferentes ciudades del país y el extranjero, como si fueran artículos comunes de uso y servicio.

Para poner en evidencia esta actividad ilícita, la Fiscalía y la Policía acudieron por primera vez a la figura del agente encubierto. En una labor paciente y sigilosa se logró ingresar a dos grupos cerrados de mensajería instantánea, en los que sólo se permitía la entrada de personas referidas.

‘Faunatic’ y ‘exotic Colombia’, como se hacían llamar estos chats, estaban conformados por máximo 12 integrantes. Todos eran traficantes de fauna que, con seudónimos, vendían tigrillos, ocelotes, venados, búhos, serpientes, tortugas, guacamayas, micos, babillas y múltiples especies de la biodiversidad nacional, la gran mayoría en peligro de extinción. Asimismo, se comprometían a conseguir lagartos y otros tipos de reptiles exóticos.

Los interesados debían pagar un abono por transacción virtual y los animales les llegaban por encomienda, en buses de servicio público. En el curso del proceso, se acreditaron 14 ventas y entregas efectivas en Bogotá y Soledad (Atlántico). En estos casos, los animales fueron rescatados y puestos a disposición de las autoridades ambientales.

El abundante material de prueba, entre conversaciones y videos, permitieron identificar y capturar a cuatro de los presuntos traficantes de fauna. Las diligencias se cumplieron de manera simultánea en Bogotá y Cartagena.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de: Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales y daño a los recursos naturales. Tres de los procesados aceptaron los cargos. Los detenidos son:• Rafael Cruz Romero, conocido como ‘Ojitos’ o ‘Emmanuel’.• Sebastián Bastos Peñaranda, ‘Sebas’ o ‘Andrés’.• Alfonso Mauricio Triana, ‘Miguel’.• Jeisson Humberto Triana, ‘Ángela’.

La ruta del tráfico de especies

La investigación permitió conocer que algunos de los traficantes contactaban redes de cazadores, que se encargaban de extraer especies jóvenes de la depresión momposina, entre los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, y de otras zonas de la Costa Atlántica.

Luego de ser ofrecida la fauna en los grupos de WhatsApp, los animales eran preparados. Por ejemplo, a las aves les cortaban las alas y a los mamíferos los amordazaban y amarraban. Posteriormente, eran camuflados en cajas a las que les abrían huecos para permitir la respiración de las especies y, con la aparente connivencia de algunos transportadores, los enviaban entre buses de servicio público. La mayoría de las entregas se hacía en Barranquilla y Soledad (Atlántico), Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena.

Daño irreparable

Los elementos de prueba dan cuenta de que, en los grupos de WhatsApp, una babilla costaba $100.000, una guacamaya $700.000, un mono tití $900.000 y los tigrillos y otros mamíferos casi $1’300.000. Estos valores son irrisorios frente al enorme daño que ocasiona el tráfico de fauna.

Las autoridades ambientales y ONG ambientalistas que acompañaron la investigación señalan que las especies cazadas, por la corta edad, no podrán retornar a su hábitat. Además, por las modificaciones físicas a las que fueron sometidas muchas quedan lisiadas de por vida. A esto se suma que el gran porcentaje de animales comercializados está en riesgo de extinción.

Con este resultado investigativo, la Fiscalía reafirma su compromiso priorizar los delitos ambientales y atacar a las organizaciones que se lucran ilícitamente de los recursos naturales, como lo definió el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024.

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