«La falta de acceso y conocimiento de los medios tecnológicos por parte de los sujetos procesales, puede constituir una causal de interrupción del proceso»

«La falta de acceso y conocimiento de los medios tecnológicos por parte de los sujetos procesales, puede constituir una causal de interrupción del proceso»

Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia con ponencia del Magistrado OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE dentro del proceso con Radicación Nº 25000-22-13-000 STC7284-2020 en Sentencia STC7284-2020.

Síntesis de la Providencia:

DERECHO PROCESAL – Posibilidad de solicitar la reprogramación de las audiencias inicial y de instrucción y juzgamiento, cuando el apoderado judicial no pueda comparecer a su celebración por las causales previstas en el numeral 2º. del artículo 159 del CGP 
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA – Obligación del funcionario judicial de proporcionar a las partes, las piezas procesales que se encuentren en su poder y se requieran para la subsiguiente actuación, cuando no tengan acceso al expediente físico en la sede judicial (STC7284-2020)

…..Por eso, el artículo 1° del Decreto Legislativo 806 de 2020, luego de contemplar que tiene por «objeto implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales (…)», consagra en su parágrafo, que «[e]n aquellos eventos en que los sujetos procesales o la autoridad judicial no cuenten con los medios tecnológicos para cumplir con las medidas establecidas en el presente decreto o no sea necesario acudir a aquellas, se deberá prestar el servicio de forma presencial, siempre que sea posible y se ajuste a las disposiciones que sobre el particular dicten el Ministerio de Salud y Protección Social, el Consejo Superior de la Judicatura, los Centros de Arbitraje y las entidades con funciones jurisdiccionales» (enfatiza la Sala). De suerte que, cuando se trata de realizar «audiencias virtuales» es fundamental que quienes deban intervenir en ellas tengan «acceso» y manejo del «medio tecnológico» que se utilizará a fin de llevarlas a cabo; de lo contrario, no podrán comparecer y mucho menos ejercer la «defensa de sus derechos». Ahora, ese resultado no surge de forma espontánea; para que se dé es indispensable que los sujetos procesales, con la debida antelación, puedan prepararse, obteniendo los insumos necesarios para ese efecto, como son, los «medios tecnológicos» indispensables para la «audiencia», su familiarización con ellos y el expediente respectivo.

Piénsese, por ejemplo, en aquel abogado que convocado a una «audiencia virtual» en su casa no tiene un computador; tendrá entonces, antes de ella, que adquirirlo, disponer del tiempo para ponerlo al día con las aplicaciones requeridas para su uso, incluida la misma «audiencia».

El juez claramente no es ni puede ser ajeno a esa situación, ya que es a él, como director del proceso, a quien compete adoptar las medidas a su alcance para que la «audiencia» pueda verificarse. De ahí que el parágrafo primero del artículo 2° del Decreto 806 señale, que [s]e adoptarán todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos. No bastará que el fallador programe la sesión, sino que además deberá, (i) Convocar a los interesados con la debida anticipación, de modo que entre el señalamiento de la audiencia y su celebración medie tiempo suficiente para que ellos se «prepararen», (ii) Suministrarles oportunamente los datos para que puedan ingresar a la audiencia virtual, esto es, la plataforma, las condiciones técnicas para acceder a ella, una breve descripción de su funcionamiento, entre otros aspectos, que le permita «acceder y familiarizarse con el medio tecnológico a través del cual se realizará la audiencia», y (iii) Poner a su disposición el expediente con suficiente anterioridad y a través de los canales a su alcance o los mecanismos dispuestos por el Consejo Superior de la Judicatura (Circulares PCSJ20-11, 31 mar. 2020 y PCSJ20- 27, 21 jul. 2020), o en su defecto, las piezas relevantes para el desarrollo de ella, para que puedan «ejercer sus derechos». Radicación nº 25000-22-13-000-2020-00209-01 14 No puede perderse de vista que los jueces al igual que las partes y sus abogados requieren «preparar las audiencias», lo que demanda gasto de tiempo. Los últimos, además del lapso necesario para conocer las «herramientas tecnológicas» que les «permitirán acceder a la audiencia virtual», les corresponde estudiar las réplicas de los antagonistas con el fin de definir la tesis que expondrán para lograr el convencimiento del sentenciador, informar a los testigos y peritos (cuando éstos se hayan solicitado) de la fecha de la audiencia, lograr su asistencia por canales virtuales, y también familiarizarlos con su uso.

Entonces, como el «acceso y conocimiento de los medios tecnológicos» a través de los cuales se ha de celebrar la «audiencia virtual» es condición para su realización, la falta de uno o de ambos elementos por el «apoderado judicial de alguno de los extremos procesales», puede ser invocada como causal de «interrupción del proceso». Si dichas circunstancias ocurren y se alegan antes de la vista pública, darán lugar a la «reprogramación» de la sesión, y si a pesar de ellas la «audiencia» se practica, o, son concomitantes a ésta, podrá alegarse la nulidad consagrada en el numeral 3° del artículo 132 del estatuto adjetivo, con el fin de que se repita…….

En conclusión, como el apoderado de Lucenit Piña Quintero acreditó que por «falta de conocimiento de tecnológico y de acceso al expediente» no podía atender el llamado que se le hizo para que en tres (3) días compareciera a la «audiencia de 9 de julio», el Juzgado de Zipaquirá debió señalar una nueva fecha para celebrarla. Como no procedió así, siendo esa circunstancia motivo de «interrupción del proceso en los términos del numeral 2° del artículo 159 del Código General del Proceso», la salvaguarda implorada debe triunfar, a fin de que se anule lo allí actuado y se renueve, con intervención del apoderado judicial de la peticionaria (numeral 3° del artículo 133 ibídem). Por consiguiente, se infirmará el fallo del Tribunal de Cundinamarca y se otorgará el auxilio instado.

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