Por presuntas irregularidades en contratación, dos exalcaldes y tres personas más fueron imputadas en Caqueta

Por presuntas irregularidades en contratación, dos exalcaldes y tres personas más fueron imputadas en Caqueta

Por hechos ocurrido en 2016, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra de la exalcaldesa de El Doncello (Caquetá) Sandra Milena Losada Floriano, y William Molina Pérez, quien se desempeñó como alcalde encargado de ese mismo municipio.

Los dos exfuncionarios fueron señalados como presuntos responsables de irregularidades en la etapa precontractual en un contrato para la adquisición de artículos de ferretería para el mejoramiento de redes de alcantarillado del municipio caqueteño.

También fueron vinculados a la investigación Carmenza Caviedes Valencia, secretaria de planeación; Ever Falla Rojas, asesor de contratación y el contratista Álvaro Marles Artunduaga.

Los delitos

Un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Caquetá imputó a los implicados como presuntos responsables, según sus responsabilidades individuales, de delitos como: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, en calidad de coautores y a título de dolo, peculado por apropiación en calidad de interviniente a título de dolo. Ninguno aceptó responsabilidad alguna.

Los hechos

El 14 de diciembre del año 2016, Molina Pérez en su condición de alcalde municipal encargado de El Doncello, celebró el contrato de suministro N° 002 con la empresa Negocios Familiares Integrados S.A.S (Nefin S.A.S) representada legalmente por Marles Artunduaga.

El objeto contractual era la adquisición de artículos de ferretería para la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las redes de alcantarillado, el control del uso eficiente y ahorros del agua potable en el municipio.

El valor del contrato superó los 200 millones de pesos ($ 272’236.108) siendo el plazo de ejecución de 10 días.

Para la Fiscalía dicho contrato se celebró sin observancia de los requisitos legales esenciales exigidos en la etapa precontractual. En esta última participaron: la alcaldesa, la secretaria de planeación y el asesor, pues los estudios previos deben hacer un especial análisis del sector. Se investiga si en este caso se efectuaron en debida forma los referidos análisis, los cuales serían insuficientes e incompletos.

Al parecer, los procesos previos al contrato no habrían sido adecuados a la realidad por lo que se habrían vulnerado los principios de contratación estatal tales como: planeación, transparencia, libertad de concurrencia, selección objetiva, libertad concurrencia y publicidad.

Esto habría originado que el contratista, supuestamente, se apropiara de los recursos del municipio caqueteño en cerca de 84 millones ($83’943.846) esto por concepto de sobre costos y/o sobreprecios de elementos que conforman el objeto del contrato de suministro.

Estos resultados hacen parte de la política institucional del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado ‘En la calle y en los territorios’ en la lucha frontal contra la corrupción.

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