Fallas en procesamientos de pruebas de Covid-19 dejaría $4.000 millones en pérdidas

Fallas en procesamientos de pruebas de Covid-19 dejaría $4.000 millones en pérdidas

Los organismos de control evidenciaron que 2.340 muestras fueron rechazadas por cantidad insuficiente.

La Procuraduría y la Contraloría General de la Nación establecieron que 18.548 muestras para COVID-19 en el país no pudieron ser procesadas por presentar fallas, lo que conlleva a una posible pérdida de recursos del sistema de salud, por más de $4.000 millones.

Las entidades determinaron que las muestras tomadas a igual número de ciudadanos no pudieron ser analizadas por 107 laboratorios públicos y privados que operan en todo el país.

Alertan los entes de control que los problemas identificados, que tienen como base deficiencias de carácter técnico, sumados a reiteradas fallas en la comunicación de los resultados de las pruebas diagnósticas, se convierten en factores que agravan la problemática situación derivada de la pandemia y, por lo tanto, vulneran el derecho fundamental a la salud y los principios de oportunidad, integralidad, continuidad y afectan la eficacia en el uso de los recursos públicos.  

Los organismos de control evidenciaron que 2.340 muestras fueron rechazadas por cantidad insuficiente, 1.556 estaban derramadas, 2.476 se encontraban sin identificación del paciente, con inconsistencias en la rotulación o sin formularios de entrega de muestras; 1.169 no cumplían con la cadena de frío y temperatura, 927 presentaron fallas en el diligenciamiento de la ficha epidemiológica y remisión de estas, 69 se entraron con más de 72 horas de la toma de las muestras, y 10. 011 presentaron otras causas como fallas en el embalaje, transporte inadecuado, muestras contaminadas, dañadas, o no llegaban las muestras.

A pesar de las advertencias por las debilidades en el proceso de toma, embalaje, rotulación, transporte y envío de las muestras, aún persisten grandes fallas, lo que implica graves riesgos para la efectividad en la capacidad de respuesta, toda vez que cerca de 19.000 ciudadanos no conocieron los resultados de sus muestras pudiendo transmitir el virus por no tomar las medidas necesarias para romper la cadena de contagios, aunque el sistema de salud sí incurrió en costos económicos. 

La Procuraduría y la Contraloría exhortaron a las entidades departamentales y distritales y a la Superintendencia de Salud a que ejerzan vigilancia sobre las IPS de cada jurisdicción, frente al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Minsalud y por el Instituto Nacional de Salud para el manejo del COVID-19.

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