Estudio realizado por Contraloría General, revela precarias condiciones laborales del personal médico del país

Estudio realizado por Contraloría General, revela precarias condiciones laborales del personal médico del país

Tras una encuesta realizada a 12.230 profesionales de la Salud en medio de la emergencia por el Covid-19, realizada en los 32 departamentos del país, la Contraloría General de la República, reveló que cerca de la mitad de los encuestados (47%) ha tenido que adquirir con sus propios recursos implementos de seguridad como caretas de protección, guantes, mascarillas quirúrgicas, respiradores N95, vestidos quirúrgicos, monogafas y polainas.

“El 45% indican que le han sido modificadas las condiciones laborales a partir de la contingencia del covid-19 y un 47% indica que ha tenido que invertir de sus propios recursos para elementos de bioseguridad”, señaló el Contralor Delegado para la Participación ciudadana, Luis Carlos Pineda.

La encuesta permitió también confirmar que las condiciones laborales del personal de salud en el país no son las mejores, pues el 43% de los profesionales de la salud encuestados manifestaron que se encuentran desempeñando sus labores por contratos de prestación de servicio, tercerizados o en provisionalidad. Al 45% le han modificado las condiciones laborales (reducción de horas de trabajo y sueldos, entre otras) y el 22% manifiesta que el pago de sus honorarios no es puntual (en su mayoría les adeudan de 1 a 3 meses).

Más del 92% de los galenos encuestados asegura que no le han realizado la prueba para el covid-19. Por tal motivo el ente de control iniciará la investigación correspondiente.

Revisión desde la delegada del sector salud a todas las EPS, asimismo con las ARL y los actores del sistema con el propósito de identificar qué está pasando con la inversión de los recursos destinados para el personal de la salud en el país”, aseveró el Contralor Delegado para la Participación ciudadana, Luis Carlos Pineda.

La Contraloría también indicó que el 63% de los encuestados manifiestan que deben tener más implementos que le garanticen mayor seguridad en la atención a los pacientes. “Esto se presenta de forma repetitiva en los departamentos de: Antioquia, Santander, Caldas, Valle del Cauca, Boyacá, Cesar, Norte de Santander, Caquetá Casanare y Meta”.

El Ministerio de Salud ha indicado que invertirá cerca de 213 mil millones de pesos por vías de transferencias a los hospitales públicos del país con el propósito de pagar salarios que se deben desde enero del presente año.

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