Indiscutiblemente los niveles de inseguridad en Barranquilla y otras ciudades de la Costa continúan siendo alarmantes, tal como quedó evidenciado por la última encuesta, según la cual la mayoría de comerciantes indagados se sienten atemorizados por el accionar de la delincuencia común, la que va de la mano con la realidad que vive este Distrito y su Área Metropolitana, en los últimos meses, con una tendencia a incrementarse en estos días precarnestoléndicos.
La propuesta surgida recientemente por parte de un grupo de comerciantes de Barranquilla y de varios municipios del Área Metropolitana –la mayoría propietarios de tiendas– en el sentido de que existe la necesidad de armarse para protegerse de la arremetida de la ola delincuencial que los azota, puede catalogarse como una demostración de la misma desesperación que los agobia, debido al sinnúmero de hechos violentos que han acaecido en los últimos días y en los cuales ellos –los tenderos– han sido los objetivos preferidos de los malhechores que los tienen prácticamente acorralados.
A propósito de tal pronunciamiento por parte de estos pequeños comerciantes, que agrupa a más de 12.000 en Barranquilla y el Atlántico, las autoridades se mostraron en desacuerdo con la iniciativa de armarse para enfrentar a la delincuencia, advirtiendo que, para contrarrestar el flagelo de la inseguridad, esa no es la solución, ya que generaría mucha más violencia y exteriorizaron su concepto al indicar que lo urgente en estos momentos es el desarme a los delincuentes.
No hay que olvidar que el monopolio de las armas por parte del Estado constituye una de las cláusulas fundamentales de nuestra Constitución Nacional.
Mientras este precepto constitucional no se consolide y no exista una clara política pública al respecto, seguiremos sufriendo la violencia como la peor endemia que durante décadas ha venido caracterizando a nuestro país.
Lo cierto es que casi nunca se hace un cálculo respecto a cuánto es el armamento que circula ilegalmente por todo el territorio colombiano, pero sí resulta evidente que una gran parte de la población permanece armada, no como acicate de la legítima defensa, sino como un mecanismo ofensivo contra las gentes de bien, por lo que consideramos de mucha urgencia la recuperación de la noción de esa exclusividad por parte de nuestro Estado Social de Derecho.
Para nuestro concepto es ahí donde precisamente se origina el núcleo de los problemas de orden público, por lo que se debería tener la suficiente fuerza coactiva legal para reprimir a aquellos que portan las armas como algo común y corriente y lo catalogan como parte de la idiosincrasia de los colombianos.
Como hemos venido comentando en este mismo espacio editorial, la mayoría de los hechos sangrientos que se cometen en Barranquilla, el Atlántico, Magdalena, Bolívar y el resto del país, tienen ocurrencia con el accionar de armas de fuego, lo que claramente refleja el fácil acceso que está teniendo la delincuencia para obtener estos artefactos y el posible comercio ilegal que se viene produciendo, caso en el cual Barranquilla y su área metropolitana no quedan eximidas.
Eso significa que todo aquel que porta o pretende portar un arma de uso civil, bien sea para la defensa personal, desarrollar una actividad recreativa o sólo con el ánimo de coleccionarla, está obligado a solicitar el respectivo permiso –salvoconducto– al Ministerio de Defensa, tal como lo planteó recientemente el alcalde Jaime Pumarejo.
