Por emergencia del Covid-19 más de 7,000 reclusos han sido excarcelados

Por emergencia del Covid-19 más de 7,000 reclusos han sido excarcelados

A raíz de la emergencia declarada por el Covid-19, más de 7.000 reclusos han sido excarcelados, según informó el Gobierno Nacional durante un debate virtual en la plenaria del Senado, donde destacó que la superpoblación de internos asciende a 32.275, “que corresponden a detenciones preventivas. Si no tuviéramos esta población sindicada en los centros de reclusión, no habría hacinamiento”, afirmó el viceministro de Justicia, Javier Augusto Sarmiento.

En el debate, el presidente de la corporación, Lidio García Turbay, advirtió la gravedad del contagio en varias cárceles del país como Villavicencio y Cartagena. “En esta última, donde resido, se tomaron en el patio 13, 505 muestras a igual número de detenidos y salieron 155 positivos de Covid-19”.

Agregó que “el Director del INPEC manifestó que hasta ese día se habían analizado tan solo tres patios, cuando en total son siete en ese centro carcelario y donde hasta el momento iban 237 que dieron positivo al Covid-19. Por ese motivo le hice un urgente llamado al Gobierno Nacional para que actúen de forma contundente”.

“A pesar de la crisis vamos bien”

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que “a pesar de la crisis vamos bien”, tras señalar: “De los 132 centros carcelarios hoy tenemos 1.137 contagiados asintomáticos, dos fallecidos, de los cuales uno lamentablemente por Covid-19, todo dentro de una población de 113.031 privados de la libertad”.

En el debate donde además de la Ministra de Justicia y del viceministro del ramo, Javier Augusto Sarmiento, asistieron el director del INPEC, brigadier general Norberto Mujica, y la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Lissete Cervantes Martello, así como representantes del sindicato de guardias.

En el debate, senadores controvirtieron sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir la propagación del coronavirus en las cárceles del país.

La ministra Cabello dijo que el Gobierno del presidente Duque está aplicando cinco estrategias para el manejo de la pandemia en materia carcelaria: tecnología para audiencias y comunicación virtual, bioseguridad, alimentación, mejoramiento de infraestructura y seguridad.

“A dos meses de la pandemia estamos tratando de salir adelante con un plan de emergencia para hacerle frente con traslados presupuestales y proteger a los privados de la libertad frente a la crisis del coronavirus para que no se nos enfermen ni vayan a ocurrir fallecimientos”, afirmó la ministra Cabello, quien anunció que se está implementando una estrategia mediática de comunicaciones para que “se entienda cómo estamos actuando, qué estamos haciendo y qué se está realizando”.

Destacó que tanto en el Ministerio de Justicia, el INPEC, USPEC, así como el Fondo de Salud, “nos estamos entregando 24 horas al día, todo de lo nuestro, para cumplir con el derecho fundamental de garantía a la dignidad, salud y a la vida de las personas privadas de la libertad”.

En ese sentido le pidió al Senado trabajar duro para salir del Covid-19 y atacar la única crisis “que no debemos permitir que aflore: la tragedia de no querer luchar todos juntos para poder superar esta pandemia y les digamos a las nuevas generaciones que lo hicimos bien o tratamos de hacerlo”.

El director del INPEC, brigadier general Norberto Mujica, dijo que la capacidad carcelaria es de 80.763 privados de la libertad, “hoy tenemos 79.736 condenados que es nuestra verdadera responsabilidad legal. En este momento tenemos una superpoblación de 32.275, que corresponde a los sindicados o imputados, que es por mandato legal responsabilidad de los entes territoriales”. Planteó la necesidad de sectorizar el problema para darle solución al hacinamiento.

Tratar pacientes

El senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, manifestó que se deben realizar ejercicios de prevención, que los internos se deben tratar como pacientes y no como clientes: “Lo de hoy no es un debate de política criminal, es un debate sobre la salud de muchos seres humanos”, resaltó.

El legislador resaltó que no se va a recordar a cuántas personas le dieron salida en medio de esta pandemia, sino cuántas personas van a morir, lo importante realmente es crear condiciones para que no fallezcan en los centros de reclusión.

Velasco terminó su intervención pidiéndole a la Ministra de Justicia que se trate la pandemia como debe ser, porque un auto de detención que se dé en la cárcel, puede ser una condena de muerte para muchas personas: “Se debe permitir que las personas que no han sido condenadas, que no representen peligro para la sociedad, le puedan dar su libertad domiciliaria”.

El vocero del partido Colombia Humana, senador Gustavo Petro, rechazó la construcción de más cárceles en el país y manifestó que el actual gobierno debe considerar la salida de más de 100 mil reclusos que no tienen condenas de delitos graves. “Se debe discriminalizar conductas que no son dañinas y distribuir el número de presos dentro de la sociedad.”

Petro manifestó que la mayoría de reclusos son personas que fueron reseñadas por cultivos ilícitos y delitos menores. “La mayoría de presos son personas jóvenes y campesinos sindicados por cultivos de coca”, señaló tras manifestar su preocupación con el hacinamiento y los altos riesgos de contagio en las cárceles del país, “el hacinamiento es un riesgo mayor para que los reclusos se contagien más rápido. 120 mil reclusos deberían haber salido de las cárceles”.

Problema de hacinamiento

El senador Jorge Londoño, vocero del Partido Alianza Verde, criticó la construcción de más cárceles, “puesto que esa no es la solución para los problemas de hacinamiento que tiene el país, porque en los últimos 15 años, la infraestructura carcelaria subió alrededor de un 120% y el número de internos un 320%. Frente a eso, resaltó que desde hace 22 años el país está tratando de solucionar el problema de sobre población, pues en 1998 la Corte Constitucional declaró el estado de elementos inconstitucionales que tienen los centros penitenciarios”.

Frente a esa situación, reconoció que al 30% de las personas que están retenidas en los centros carcelarios, no se les ha demostrado su culpabilidad, además de mencionar que esa situación no se limita a las cárceles solamente, sino a los centros de retención transitoria también.

Agregó que más del 95% de los internos pertenecen a los estratos 1 y 2 y que, en ese sentido, la pandemia no será democrática, pues serán las clases menos favorecidas las que tendrán que llevar la carga de esa pandemia.

Hizo hincapié en algunas cifras alarmantes a la hora de analizar los casos de contagios de Covid-19 en los centros carcelarios y el país en general. Mencionó que hay alrededor de 0.46 casos por 1.000 habitantes y en las cárceles, 9.4 casos por 1.000 habitantes. Aseveró que es una cifra que debe poner en alerta al país. “

Estado responsable

El senador Temístocles Ortega, del Partido Cambio Radical, señaló que en las cárceles hay un riesgo gigantesco. “El Estado es responsable de la vida de los reclusos, por eso es necesario tomar medidas de salud pública y no de índole criminal”.

Por su parte, la congresista Ana María Castañeda pidió atención especial para algunas cárceles como las de Leticia, Villavicencio y Cartagena por tener el mayor número de contagios.

El congresista Carlos Eduardo Guevara, como vocero del partido MIRA, dijo que “durante estos días, la pandemia se ha incrementado más de un 500%”. El legislador indicó que hay una congestión procesal en los documentos físicos, se hace urgente de manera inmediata la digitalización de todo el sistema.

“Nos decían en la Comisión Primera que ya han avanzado con un crédito y me gustaría que la Ministra nos contara, cuál va a ser el alcance de esa digitalización, qué procesos se van a llevar de manera virtual, qué tipos de acciones administrativas jurídicas se van a empezar a poner como proyectos piloto, para poder agilizar y establecer una verdadera reforma digital en materia de sector justicia”.

Agregó “que se requieren herramientas, no solamente para poder garantizar que los jueces tomen sus decisiones, sino que en su gran mayoría se requiere el aparato de modernización judicial que está atrasado en más de 20 años, y eso pone lento el acceso a la justicia que hoy tanto se requiere.”

Desde la bancada MIRA, “hemos insistido en la necesidad del expediente digital, yo quisiera que la Ministra nos precisara si eso requiere de un tema legal, presentarse un proyecto de ley en el Congreso para poder pasar a términos digitales para el acceso de la justicia”, dijo el congresista.
Medidas palpables

El senador Santiago Valencia, como vocero del partido Centro Democrático, se pronunció al decir que “a pesar de lo que aquí se ha dicho se han tomado medidas que han sido palpables. El tema de hacinamiento no es tema de este Gobierno, llevamos 10 años sin construir una cárcel”.

Además destacó que “solo nueve de los 132 centros carcelarios han dado contagios con Covid-19, eso tiene que demostrar que las medidas están funcionando, hoy no tenemos una situación más complicada, porque hemos tomado las medidas a tiempo”.

Más aún expresó: “Aproximadamente unos 4.000 privados de la libertad pueden recibir el beneficio de prisión domiciliaria, sin embargo se estudia la posibilidad que se amplíe”

“Hay medidas de choque en el marco de la emergencia para mejorar la sanidad en los centros penitenciarios, con una cifra de aproximadamente 25 mil millones de pesos para atender la contingencia, 20 mil millones para el USPEC y 5 mil millones para el INPEC”, puntualizó el congresista Santiago Valencia.

Diez jueces por cada mil procesos

El senador John Milton Rodríguez, como vocero del partido Colombia Justa Libres, dijo que “el estándar que se debe tener son 60 jueces por cada mil procesos. Colombia tiene 10 jueces por cada mil de estos. En el momento en que nos coloquemos al día, en fortalecer la primera instancia, obviamente las condenas se van a incrementar y esa circunstancia hará que la situación carcelaria sea más grave que en la actualidad.”

Añadió que si invirtiéramos el uno por ciento del Presupuesto General de la Nación por cuatro años, nos pondríamos al día, al menos en las condiciones mínimas, básicas para tratar a una persona privada de la libertad como un ser humano.

“La ministra Margarita Cabello, con este 1% cada año, puede seguir con ese plan maestro que usted nos ha anticipado, donde incluye regionalizar, caracterizar, considerar granjas agrícolas, es decir, integrar todas esas propuestas e iniciativas que en diferentes debates hemos escuchado para ayudar a mejorar la situación carcelaria”.

Falta colaboración

La senadora Maritza Martínez, del partido de la U, habló de la grave situación que se presenta en la cárcel de Villavicencio, donde ya son más de 800 personas infectadas del Covid-19. Valoró el apoyo de la Ministra de Justicia frente a esta situación, pero criticó que no hay colaboración de otras entidades que son vitales para frenar la pandemia que afecta a los presos de la capital del Meta, “Ni el INPEC, ni la USPEC han estado pendientes sobre la situación de reclusos infectados en Villavicencio.”

La congresista hizo un llamado a las autoridades de salud para que intensifiquen las pruebas que podrían mitigar el virus en este establecimiento: “No se están haciendo segundas pruebas del Covid-19, para saber si los reclusos continúan siendo portadores del virus”. Martínez insistió en que el Gobierno nacional debe analizar la posibilidad de traslado de este establecimiento carcelario, para no exponer a los habitantes que viven cerca, del lugar. “Se requiere el traslado de la cárcel que actualmente se encuentra en un sector populoso de Villavicencio”.

Por su parte, el senador Juan Felipe Lemos, partido de la U, manifestó su inconformismo con la grave situación que se presenta en las cárceles e hizo un llamado al Legislativo para que tome riendas en esta crisis que afecta a los reclusos del país. “El Gobierno y el Congreso están en mora para una reforma estructural al sistema carcelario”, dijo. Lemos criticó la demora del Gobierno para facilitar la posible libertad de más de 100 mil reclusos de delitos menores, que podrían mejorar la crisis de hacinamiento. “Preocupa la lentitud para agilizar la posible libertad a quienes ya tengan derecho de evacuar las cárceles”.

El senador Armando Benedetti, partido de la U, dijo que es injusto con la realidad de muchos internos que llevan tiempo en una cárcel y no han sido condenados, “hay gente que se le quita la vida y la libertad, sin que haya sido juzgado”.

El congresista reclamó a la Ministra de Justicia sobre lo ocurrido en los motines realizados en varias cárceles del país, donde desafortunadamente varios internos perdieron la vida, “debe haber una explicación sensata, por lo ocurrido en los motines donde hubo más de 20 muertos”. El congresista indicó que son cientos de internos que deben lograr su libertad, “hay una cantidad de personas que deben salir de las cárceles”.

Muertos vivientes

El vocero del partido MAIS, senador Feliciano Valencia, dijo: “Por experiencia propia debido a que estuve detenido, doy fe que los internos en esos centros penitenciarios son muertos vivientes, lejos de cualquier atención y vigilancia, es por eso que llamo la atención al Gobierno para que se creen los centros de armonización imponiendo una justicia restaurativa, donde saldrían también miles de indígenas que no han tenido solución a su detención, de modo que llamo su atención señora ministra de Justicia, Margarita Cabello”.

Por el partido AICO intervino el legislador Manuel Bitervo, quien pidió que “se atienda de manera urgente la problemática de la cárcel de Florencia y que se creen centros de salud que no existen para la atención de presos e indígenas que han estado en situación de problemas jurídicos”.

Política de carácter federal

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro dijo que “este argumento de que una parte de la responsabilidad de lo que ocurre en las cárceles como Villavicencio, Leticia, como lo que está empezando a ocurrir en la Costa Atlántica, es de los alcaldes, es un argumento absolutamente falaz”.

Dijo que “si bien es cierto en la formalidad de la ley es así, las políticas que se adoptan en el plano nacional obviamente no tienen la participación de las autoridades locales. Aquí debería haber una política del sistema carcelario y penitenciario de carácter federal”

El congresista Alexander López Maya afirmó que “efectivamente se tienen que tomar medidas de crisis. El sistema penitenciario del país y las cárceles vienen en crisis, es un tema estructural. En una pandemia de estas se tienen que tomar decisiones de emergencia y disponer de los recursos que se requieran”.

Agregó que las inversiones y los elementos de bioseguridad para los internos en las cárceles como para el personal de guardia no se está entregando como tiene que ser. “En este momento el personal de guardia sigue comprando sus elementos de bioseguridad. Tienen derecho los internos como lo tiene también el personal de guardia que están expuestos por este tipo de decisiones”.

Agilizar la adecuación y construcción de nuevas cárceles

El senador Efraín Cepeda, vocero del partido Conservador, manifestó que el Gobierno Nacional ha tomado medidas positivas en torno a la crisis por el Covid-19.

Dijo que desde la llegada de la ministra Margarita Cabello se ha tenido un accionar positivo sin desconocer que el hacinamiento carcelario es una problemática que viene de muchos años atrás. “Es necesario enmarcar dentro de la emergencia el hacinamiento carcelario para agilizar la adecuación y construcción de nuevas cárceles, al igual que la entrega de elementos de bioseguridad tanto para los presos como para el personal que trabaja en estos centros penitenciarios”.

Por otra parte, puso sobre la mesa la solicitud de dejar abierto el debate sobre la política criminal en Colombia, estableciendo en qué sitio estamos, sin olvidar que hoy el hacinamiento del 50% es un hecho y el Gobierno Nacional tiene que avanzar en el marco de la emergencia.

La senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, expuso la importancia de pedirles a la Ministra y al Gobierno nacional la expedición de un nuevo decreto que permita beneficiar con excarcelación a muchos más presos en esta época de pandemia, argumentando que en Colombia hay aproximadamente 180 mil presos, 4.000 internos equivale a un 2.23% de la población carcelaria, lo que implica que se han beneficiado 556 personas, lo que equivale a un 0.31% de la población de los presos en el país, afirmando que esta cifra es muy pequeña y “como Gobierno debemos garantizar la vida y la salud, tanto de presos como de sus familias”.

Entre tanto, la congresista Criselda Lobo, de la FARC, expresó: “Hago un llamado al Senado y al Gobierno nacional para que se pueda reestructurar el sentido de humanidad, pues los ciudadanos que infrinjan la ley deben pagar en sus condenas en el marco de derecho. Se deben diseñar cárceles típicas o caribeñas”.

Agregó que en las cárceles “se vive en una permanente vulneración de los derechos humanos, vemos que las personas privadas de la libertad están siendo maltratadas por los guardianes de los centros penitenciarios, esto tampoco se debe permitir desde ningún punto de vista”.

“Hoy tenemos demasiadas personas privadas de la libertad, anotando que el cupo es máximo para 80.000 y ya sobre pasó el límite, situación que genera un alto índice de hacinamiento”, precisó la senadora.

Por su parte, la legisladora Aída Avella, de la coalición Decentes, dijo: “Hace 20 años la Corte Constitucional señaló que efectivamente la situación de las cárceles es inconstitucional porque se violentan los derechos humanos, absolutamente todos. En el 2013 la Corte Constitucional dejó claro que la política criminal mundial es reactiva, ineficaz, desarticular sin intención de socializar. Sentencia 388-2013. Es increíble que la mayoría de casos de contagios en las cárceles sea asintomático”.

A lo anterior agregó: “Como la Corte Constitucional creo que las cárceles de este país son un sitio donde se violentan los derechos humanos. Esas personas han perdido la libertad pero no su dignidad. Ellos son seres humanos, tienen familia.”

Antes de las 12 de la noche, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, levantó la sesión y anunció que próximamente se informará la fecha de la nueva sesión plenaria virtual.

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