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Se aprueba en segundo debate proyecto de comercio electrónico

Con la iniciativa se modifica la Ley 1480 de 2011 y se crean garantías de protección en favor del consumidor de comercio electrónico.

Este martes se aprobó por unanimidad en la Plenaria del Senado la iniciativa que busca brindar garantías a los usuarios de comercio electrónico en sus procesos de compra, venta y transacciones. La propuesta, cuya ponencia estuvo a cargo del senador Efraín Cepeda, establece las normas aplicables al comercio, operaciones y negocios en línea.

“Este proyecto tiene por objeto proteger al consumidor electrónico, en la pandemia muchas empresas se salvaron por las ventas electrónicas y la tendencia ha continuado, pero las quejas han venido multiplicándose. Este marco normativo dicta que si, por ejemplo, hay demoras en entregas, el proveedor debe anunciarlas al consumidor para que este determine si puede esperar la entrega o no”, explicó Cepeda.

El legislador conservador indicó que después de la pandemia ocasionada por el COVID-19, muchas empresas lograron mantenerse vigentes por medio del comercio electrónico, pero también dejaron en evidencia la desprotección que tienen los consumidores para este tipo de comercio, un gran volumen de personas expresan molestias o inconvenientes al momento de comprar o adquirir bienes y/o servicios en páginas web, aplicaciones, de compañías o pequeños sitios de venta. Inconvenientes como:

●​Pagos realizados y bienes o servicios no entregados o no prestados.
●​Garantías no reconocidas, y exenciones de responsabilidad por los fabricantes, proveedores, comercializadores, administradores de plataformas web entre otros.
●​Alteración de precios.
●​Entrega de producto que no corresponde al comprado.
●​Sin acceso a devolución de dinero.
●​El tiempo de entrega fue mayor al esperado

El Senador Efraín Cepeda, añadió que en casos de devoluciones de dinero se presentan plazos muy largos, hasta 30 días hábiles, los cuales con esta iniciativa se reducen a 15 días.

El proyecto de autoría de la senadora Nadia Blel y la representante a la Cámara Juliana Aray, establece un plazo para devolución de dinero al consumidor, y se determina que los proveedores deberán brindar información fidedigna, clara, suficiente y accesible a las personas acerca de las características de los productos que ofrecen mediante medios electrónicos, así como el precio y las condiciones de venta. En la plenaria, se modificó a este artículo que la devolución debe hacerse a través del medio que prefiera el consumidor.

El congresista aseguró que el comercio electrónico es una realidad que llegó para quedarse y es urgente reglamentarlo, protegiendo al consumidor. Por ejemplo se revisan los actos mercantiles concertados a través de intercambios de mensajes de datos entre proveedores y consumidores para la comercialización de productos y servicios.

“Colombia se perfila como uno de los países que más utiliza las tecnologías de la informática y la comunicación TIC en América Latina, siendo el comercio electrónico uno de los principales móviles. Es necesario regular el mercado de operaciones de otorgamiento y ejecución de las operaciones de crédito en Colombia”, dijo Cepeda.

Argumentos de la iniciativa

Esta iniciativa es de gran impacto, si se tiene en cuenta que entre el 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2022, la Superintendencia de Industria y comercio -SIC- recibió aproximadamente 8.070 denuncias por la presunta infracción a las normas de Protección al Consumidor relacionadas con el comercio electrónico.

Entre los motivos se encontró el incumplimiento de promociones y ofertas, la insuficiencia de información, los incumplimientos en los tiempos de entrega, las ventas sin disponibilidad de productos y el incumplimiento de ventas realizadas por redes sociales.

“Miles de compradores electrónicos aún no son víctimas de abusos por parte de los vendedores, por lo que con este proyecto de ley ratifica la seguridad al momento de comprar por internet”, afirmó el senador Cepeda.

Asimismo, en el citado periodo, se iniciaron 92 investigaciones; como resultado de la indagación se impuso sanción pecuniaria en 41 procesos que ascienden a los $6.264.848.561, por infracción a las normas de Protección al Consumidor.

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