Cada vez que salen en la noticias de las fugas de presos en todo el territorio colombiano, las estadísticas no le favorecen ya que cada año suben las cifras en las diversa cárceles, pero lo más inverosímil es que muchas de esas fugas son personas que estaban en casa por cárcel.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), cuenta con hacinamiento llega a un porcentaje en un 42 %, que ha bajando en las diferentes URI´s y Estaciones de Policía está llegando a un 60 %.
Debido a esto se da la medida de casa por cárcel a quienes han cometido delitos menores, pero esto ha sido aprovechado por los delincuentes para escapar de sus viviendas para seguir delinquiendo.
Según datos oficiales en el año 2022 se han fugado 1.149 personas y de esos 821 tenían casa por cárcel, 97 personas tenían un permiso extramural de 72 horas que se les da por ‘buen comportamiento’ y no regresan y otros se han escapado de clínicas cuando van a citas médicas.
El director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, le dijo a diario de El Tiempo lo siguiente: «El problema radica en que las personas que reciben esta medida no la cumplen; incluso, si se adelantan estas visitas diariamente, sería imposible controlar el 100 % del tiempo a una persona con esta medida y no es lo que establece la ley.
En este caso sería mejor una detención intramuros. Por eso es fundamental que cuando se transgrede, con el apoyo de las autoridades judiciales, se revoque y que terminen su condena en un centro carcelario.
Pese a que se les da un brazalete para controlar y poderles hacer seguimiento, para las personas que son condenadas a pena desde sus hogares no es suficiente motivo, en su mayoría, para no seguir delinquiendo, pues en muchos casos para los presos la medida es más una oportunidad de libertad que una pena punitiva.
Los dispositivos electrónicos cumplen con la respectiva emisión de señal y cuentan con el correspondiente mecanismo fuerte que dificulta retirar dicho elemento, pero en ningún caso restringe la movilidad. Los casos de evasión se presentan por determinación de la persona sobre la que recae la medida de incumplir el compromiso adquirido con el juez».
