Acopi pide más medidas para mantener el empleo y la operación de las empresas

Acopi pide más medidas para mantener el empleo y la operación de las empresas

*El gremio afirma que siguen esperando que se materialicen las ayudas anunciadas por el gobierno para apalancar a las mipymes.

La Asociación colombiana de la micro, pequeña y mediana empresa del país, Acopi, reconoce las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional para ayudar a las miymes a hacerle frente a la emergencia por el Covid-19, pero indica que éstas no resultan suficientes para mantener el empleo y la operación de las empresas.

Por ello, el gremio presidido por Rosmery Quintero, en carta enviada al Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, solicita que se adopten medidas temporales que coadyuden no solo al sector empresarial sino a toda la sociedad a contrarrestar efectos negativos generados por esta situación.

Son 5 las propuestas que Acopi hace al Ministerio de Trabajo. La primera es que se extienda el beneficio contemplado en el Decreto 488 de 2020, relacionado con el mecanismo de protección al cesante, a los trabajadores cuyos contratos fueron suspendidos por fuerza mayor o caso fortuito.

“Nuestra propuesta tiene como fundamento lo establecido en el artículo 1º del Decreto 1508 de 2014, el cual cobija el mecanismo de protección al cesante a los eventos en que se dé una suspensión involuntaria del contrato de trabajo por las causales de fuerza mayor o caso fortuito y por la suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, hasta por 120 días, previa autorización del Ministerio del Trabajo”, precisa la Asociación.

Con fundamento en el mencionado decreto y sus consideraciones Acopi cree conveniente que se extienda este beneficio a los trabajadores cuyos contratos fueron suspendidos, teniendo en cuenta que este trabajador queda cesante y está temporalmente en la misma situación que la del trabajador cuyo contrato fue terminado, que es la imposibilidad de contar con los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.

Una segunda propuesta es contar con acompañamiento por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales en la adopción de los protocolos de bioseguridad a las empresas mipymes.

En ese sentido indica que el artículo 5º del Decreto 488 del 27 de marzo de 2020, por medio del cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, establece que las Administradoras de Riesgos Laborales deberán destinar un porcentaje de los recursos de las cotizaciones en laborales, para realizar actividades de promoción y prevención.

“Consideramos que teniendo en cuenta esta obligación de las ARL, los recursos deben destinarse a realizar acompañamiento a las empresas del segmento mipyme, en la adopción de los protocolos de bioseguridad para la prevención del Covid-19, lo anterior debido a que para la elaboración de éstos las empresas deberán contratar a expertos, lo que les genera un costo extra y éstas se encuentran en un estado de iliquidez originada por la parálisis de la actividad empresarial”, anota.

Otra medida es que se dé tratamiento de incapacidad general al periodo de aislamiento obligatorio establecido como medida de prevención para prevenir contagios del virus Covid-19, esto, con el objetivo que las prestaciones económicas correspondientes a este periodo de aislamiento sean asumidas por las entidades prestadoras de los servicios de salud, quienes deberán generar las incapacidades por 14 días mínimo y no 2 días como ocurre en la actualidad.

También solicita que no se suspenda los servicios médicos asistenciales y no se genere interés por mora en los casos de pago extemporáneos de aportes al sistema, para garantizar la continuidad de la atención médica asistencial que requieran los trabajadores en caso de cualquier tipo de contingencia en su estado de salud, dada la importancia que éstos cuenten con la cobertura médica por el alto riesgo de contagio originado por la presencia del Covid-19.

Igualmente, que no se causen intereses moratorios por el no pago a tiempo, los cuales significarían un incremento en los costos no salariales para las empresas, si bien estos son elevados, en esta época de parálisis de actividades y no generación de ingresos, acrecentarían la difícil situación financiera.

La última propuesta es que la enfermedad originada por el Covid -19 se le de tratamiento de enfermedad laboral directa.

“Teniendo en cuenta que el gobierno nacional expidió el Decreto 538 de 2020, por el cual el cual incluye el COVID-19 como una enfermedad laboral directa para el sector salud, consideramos conveniente que esta inclusión se extienda a los trabajadores de los distintos sectores económicos, debido a que en la medida en que se aperturen las actividades hoy paralizadas, se incrementara el riesgo de contagios para éstos”, explica Acopi.

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