En marcha una nueva fase para la movilidad urbana y regional

En marcha una nueva fase para la movilidad urbana y regional

  • CONPES aprobó Política nacional de movilidad urbana y regional.
  • Soluciones para todos los actores de la movilidad: peatones, ciclistas, usuarios de vehículos motorizados, usuarios del transporte público de pasajeros y de carga, entre otros.
  •  Aumento de la competitividad por la disminución de tiempos y costos en los desplazamientos.
  •  Respuesta desde la movilidad urbana y regional, a los efectos de la congestión, la siniestralidad vial y la contaminación ambiental.

Con el fin de consolidar estrategias de movilidad y transporte en las ciudades y aglomeraciones urbanas para contribuir al bienestar social, la protección del ambiente y el crecimiento económico, el Gobierno nacional pondrá en marcha la política de movilidad urbana y regional, aprobada por el CONPES.

La iniciativa que tiene un costo cercano a los $12.000 millones permitirá mejorar la calidad del servicio de transporte público, incentivar el uso de medios no motorizados como la bicicleta y la caminata, promover el uso eficiente y racional del transporte motorizado particular, reducir el número de víctimas fatales y lesiones por siniestralidad vial y gestionar estrategias de desarrollo orientado al transporte sostenible.

Para impulsar la movilidad integral una de las primeras tareas es la reducción de la congestión, para lo cual se fortalecerán los sistemas inteligentes de transporte, se diseñará un plan de acción para la reducción de pérdidas de tiempo en las entradas a las ciudades y se llevará a cabo la priorización de proyectos de transporte público con un alto potencial para la movilización de usuarios.

Para disminuir la siniestralidad vial se diseñarán acciones para mitigar los siniestros viales asociados a los estándares técnicos de los vehículos que se comercializan en el país y se analizará el impacto de la penalización de conductas contra la seguridad vial.

Para fortalecer la institucionalidad del sector, se reglamentarán los planes de movilidad que solo tienen el 29% de los municipios, mientras la Nación fortalecerá su apoyo técnico a partir de una metodología de alertas para el seguimiento de los procesos de cofinanciación de sistemas de transporte público, y la articulación con buenas prácticas de gobernabilidad y modelos de gobierno corporativo.

Otras acciones permitirán consolidar los mecanismos de financiamiento para la movilidad sostenible, que además de proporcionar lineamientos para la implementación de fuentes alternativas de financiación buscan la actualización del régimen tarifario, los criterios para la definición de tarifas al usuario y de las metodologías de remuneración a los operadores del sector.

Retos de la movilidad

Cuando en Colombia la tasa de crecimiento anual del parque automotor se sitúa en 8,7% y la de las motos en 11,8%, la formulación de política para el sector supone el cumplimiento de retos como:

  • Transporte público: Evitar que el uso del transporte público colectivo siga descendiendo. Actualmente a una tasa anual del 5% 
     
  • Siniestralidad Vial: Reducir el número de personas fallecidas en siniestros viales que en 2018 llegó a 6.879, de las cuales el 50% fueron conductores o pasajeros de motocicleta.
     
  • Contaminación ambiental: Disminuir las emisiones de los principales contaminantes que afectan la salud, ya que en Colombia el 80% del material particulado es producido por fuentes móviles. Del total de las emisiones de gases efecto invernadero del modo carretero, el 76% proviene del tránsito de buses y camiones.
  • Transporte ilegal: Recuperar usuarios que han migrado al transporte ilegal, dado que la expedición de comparendos por conducir un vehículo destinado a un servicio diferente para el cual tiene licencia de tránsito aumentó en un 32% promedio anual (entre los años 2010 y 2017).
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