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La compra de Justo & Bueno fue «un cuento chino», Superintendencia de Sociedades decreta su proceso de liquidación inmediata

Las nuevas deudas de Justo & Bueno ascienden a más de 170.000 millones de pesos.

Por el incumplimiento reiterativo en los pagos de los gastos de administración, la no presentación de un plan que le permitiera ponerse al día con esas obligaciones y la grave situación que presenta a la fecha la compañía, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de Mercadería, matriz de la cadena de tiendas Justo & Bueno, la terminación del proceso de reestructuración que se venía haciendo de esta organización desde comienzos de 2022 y la remoción de sus actuales entes de administración.

La decisión fue tomada al constatar la inviabilidad de la sociedad para responder con los compromisos asumidos en el marco del proceso de recuperación empresarial que inició el 18 de enero pasado.

Desde entonces hasta abril, las obligaciones impagas suman $135.000 millones. Según la Supersociedades, los activos de la compañía, al 31 de diciembre del 2021, ascienden a los $869.291 millones.

Al leer la decisión, el juez Santiago Londoño, delegado de procedimiento de insolvencia de la Supersociedades, explicó que el proceso de reorganización no está cumpliendo con la recuperación de la cadena, al tiempo que recordó que la sociedad no cumplió con los plazos que la entidad le dio en los últimos días para demostrar que tenía recursos suficientes para responder los compromisos con trabajadores, dueños de locales y proveedores, entre otros afectados.

Los acreedores tienen 20 días para que presenten su crédito al liquidador certificando su existencia y cuantía.

Según el juez, las quejas por incumplimiento en los pagos de administración han aumentado y se reflejan en 474 memoriales de arrendadores solicitando el pago y fecha de restitución del inmueble por incumplimiento del contrato, 18 memoriales de acreedores de renting y gastos de administración de otros acreedores, 25 memoriales provenientes de servicios públicos de dueños de locales arrendados denunciando la falta de pago de estos y 112 memoriales de acreedores laborales solicitando el pago de su nómina y de sus liquidaciones.

También han llegado 35 acciones de tutela presentadas por acreedores laborales y arrendadores desde la admisión del proceso de reorganización.

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