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Primera sentencia por secuestro prepara la JEP

El flagelo del secuestro vivido intensamente durante varios años en Colombia como consecuencia del conflicto armado estaría a punto de recibir la primera sentencia por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El delito del secuestro, un flagelo que se dio durante varios años en medio del conflicto armado en el país, podría presentarse la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo cual está en manos de la magistrada Julieta Lemaitre.

En los últimos días, la magitrada Lemaitre ha manifestad este ha avanzado en su fase de imputación, por lo cual se prepara para enviar el caso al Tribunal, no obstante, su rumbo se vio trastocado en 2021 cuando se le añadió la lista un polémico delito, alarmando a la vez a los máximos exlíderes de las Farc.

Se habla respecto al delito de esclavitud, donde los excombatientes niegan haberlo cometido, mientras tanto, continúan las discusiones entorno a él, el macrocaso 03 también podría dar de qué hablar este año. En este se investigan las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, más conocidas como falsos positivos. No obstante, en ambos macrocasos será el Tribunal de la JEP el que finalmente defina las penas y castigos.

La discordia a partir del delito sumado

El avance se frenó de manera inesperada por el delito de esclavitud, donde pese a que la JEP no había añadido ese cargo en la imputación inicial, si lo hizo a última hora, atendiendo la recomendación de la Procuraduría.

Fueron siete los exmiembros del secretariado de las Farc que no lo aceptaron, esto, muy a pesar de que reconocieron sus responsabilidades en todos los demás delitos que les imputó la JEP, “principalmente porque no se siguieron los conductos regulares y porque no le corresponde a esa magistratura imputar ese cargo de esclavitud, sino al Tribunal”.

Con ese pronunciamiento, buscan que los exFarc reconozcan y acepten que sí sometían a trabajos forzosos a los secuestrados–, frente a lo cual, la JEP concedió parcialmente un recurso de reposición interpuesto por la defensa.

Al respecto, cabe decir que la Jurisdicción ha sido clara en que mantenía el delito porque “hay bases suficientes para determinar que la conducta sí existió”, sin embargo, reconoce que violó el debido proceso al no haber dado a los comparecientes la oportunidad de expresar y hacer observaciones frente a la calificación jurídica del crimen de lesa humanidad de esclavitud.

Por su parte, la Sala de Reconocimiento de Verdad dio un plazo de 30 días hábiles para que la defensa de los comparecientes hagan las observaciones que consideren necesarias, y de esta manera poder entrar a estudiar el caso.

La defensa al parecer no piensa cambiar la postura

Fagua en los últimos días confirmó que ya están preparan un documento para responder a la Sala –cuyo plazo vence el 28 de enero–, y que los comparecientes se negarán a reconocer el delito “más allá de que se crean responsables o no, por el hecho de que no corresponde a este momento del proceso”.

Finalmente, la JEp frente al macrocaso 01, tendrá que dar solución a la imputación del delito de esclavitud y así continuar avanzando en la audiencia con víctimas y tramitar el caso al Tribunal, pero, según fuentes de la JEP y de la defensa, ese paso podría tardar incluso hasta la segunda mitad de este año, por lo que la confirmación de la sentencia en este 2022 aún está en vilo.

Va a ser complicado porque no hemos hecho este trámite nunca, no sabemos cuánto se pueda tardar y aún falta recoger toda la documentación de secuestro que logró recolectar la justicia ordinaria, para pasarla junto a las conclusiones a las que se llegaron en la Sala, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuánto puede tardar ese proceso”, expresó una de las fuentes que trabaja en el caso secuestro.

Los llamados Falsos positivos

Respecto a este punto, solo hasta febrero del 2021 se llegó a conoció uno de los principales hallazgos en el macrocaso 03, en momentos que la Sala de Reconocimiento confirmó que al menos 6.402 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008.

Pasados 10 meses del anuncio, el 10 de diciembre de ese mismo año, 21 miembros del Ejército y un civil reconocieron ante la Jurisdicción su responsabilidad en 247 casos de falsos positivos. Entre ellos, se encuentra el nombre del general (r) Paulino Coronado Gámez, el oficial de más alto rango en aceptar su participación en estos hechos.

Cabe destacar que este año la JEP deberá continuar avanzando en ese caso y poder llegar a la audiencia con las víctimas y, si los trámites se dan con agilidad, dar paso del caso al Tribunal.

Mientras tanto los casos avanzan a ritmos diferentes en los juzgados y la metodología con la que los evalúa la JEP. En cambio que el de falsos positivos se investiga de abajo hacia arriba, evaluando a los soldados rasos y revisando hasta dónde escaló la conducta; en el de secuestro los magistrados evalúan de arriba hacia abajo, investigando primero a los máximos responsables, que en este caso son los exmiembros del secretariado, y revisando hasta donde permearon las órdenes.

Finalmente se esperan en estos dos casos, la JEP profiera las imputaciones de los otros cinco macrocasos abiertos: reclutamiento, exterminio de la UP y los casos territoriales de Nariño, Cauca y Urabá; y detallar en qué consisten los otros tres que prometió abrir en 2022, relacionados con afectaciones a pueblos étnicos, paramilitarismo y otros crímenes de las Farc.

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