Los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, implicados en el caso judicial relacionado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, solicitaron formalmente a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que evalúe la continuidad del fiscal Daniel Hernández en el proceso que se adelanta en su contra, el cual ya se encuentra en etapa de juicio.
La solicitud, radicada por su defensa, argumenta que Hernández fue imputado por los delitos de prevaricato y concusión, lo cual —según los abogados— compromete seriamente su legitimidad para ejercer la acción penal en este caso. “El Estado tiene el deber de asegurar que quienes representan el poder punitivo se encuentren libres de todo reproche ético o jurídico que pueda comprometer la integridad y legalidad de sus actuaciones”, señala el documento dirigido al ente acusador.
Para los defensores, mantener a Hernández en el proceso “afectaría la credibilidad, neutralidad y legitimidad institucional del ejercicio de la acción penal”, ya que su condición de investigado por la misma Fiscalía representa un conflicto de interés evidente. “Quien está siendo procesado por hechos lesivos al interés público no puede, a su vez, sostener válidamente una acusación penal en nombre de ese mismo interés”, argumentaron.
Además, los abogados enviaron una segunda carta al procurador general, Gregorio Eljach, en la que pidieron tener en cuenta como antecedente los alegatos finales del procurador penal Bladimir Cuadro en el juicio contra el expresidente Uribe, solicitando que se mantenga la misma línea jurídica.
“Solicitamos respetuosamente que, en el proceso que se surte en nuestra contra, se mantenga la línea jurídica previamente asumida por el delegado del Ministerio Público en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, quien en sus alegatos finales solicitó la absolución del procesado. Dicha solicitud no solo se encuentra debidamente sustentada y en armonía con el estado actual del proceso, sino que además responde al ejercicio de valoración probatoria realizado por el Ministerio Público, el cual fue guiado por criterios racionales, que son los únicos que deben orientar el análisis”, señala la misiva.
El juicio contra Cadena y Salazar hace parte del mismo entramado judicial que involucra al expresidente Uribe, y gira en torno a la presunta manipulación de testigos, por la cual también se han generado importantes debates jurídicos y políticos en el país.
