Saab, nombrado ministro de Industria en Venezuela, se encuentra en el círculo cercano de Nicolás Maduro.
Un juzgado civil de Barranquilla ordenó el embargo de más de 831 millones de pesos a las cuentas del empresario colombo-venezolano Álex Saab y a varias de sus empresas con operaciones en Colombia.
La decisión judicial incluye a las sociedades Shatex y Jacadi de Colombia, así como a la empresaria venezolana Cynthia Eugenia Certain Ospina, exesposa de Saab, quien figuraba como subgerente en una de las firmas embargadas.
“Decretar el embargo y secuestro de las sumas de dinero que tengan o llegaren a tener los demandados Shatex, Jacadi de Colombia, Álex Naim Saab Morán y Cynthia Eugenia Certain Ospina”, ordena el fallo, que limita la medida cautelar a una suma exacta de 831’249.994 pesos, correspondiente al valor de la liquidación del crédito.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias advirtió que “dicha medida deberá ser inscrita siempre y cuando sean montos legalmente embargables y estos no excedan los límites de inembargabilidad conforme al Decreto 564 de 1996 y normas concordantes”, de acuerdo con el fallo.
Así mismo, ordenó que los dineros retenidos sean consignados en la cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia, bajo la custodia de la Oficina de Ejecuciones Civiles del Circuito.
El embargo se suma a otras decisiones judiciales relacionadas con el patrimonio del señalado testaferro de Nicolás Maduro. A finales de enero de 2025, otro juzgado le ordenó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) devolverle a Saab una lujosa mansión en el norte de Barranquilla, avaluada en 28.000 millones de pesos, que había sido embargada por la Fiscalía.
La SAE, sin embargo, sostuvo que no entregará el bien hasta que no exista una sentencia que ordene el levantamiento de las medidas cautelares. “Mientras esa instancia superior sea resuelta, los bienes seguirán cobijados con las medidas citadas”, explicó la entidad.
Los bienes afectados están localizados principalmente en Cartagena y Barranquilla, y han estado bajo el control de la SAE desde que la Fiscalía los ocupó en 2020.
