La red estaba conformada por registradores de instrumentos públicos, inspectores de Policía, notarios, calificador de instrumentos públicos y funcionarios de la alcaldía de Soledad.

En el marco de la Operación Gaia, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y Fiscalía Especializada contra la corrupción, capturaron a 17 personas señaladas de participar en una red criminal dedicada a la ocupación y apropiación ilegal de tierras en varios municipios del Atlántico y Córdoba.

La operación, que se desarrolló tras más de un año de investigaciones de contrainteligencia, reveló una compleja red de corrupción integrada por funcionarios públicos y particulares, que operaban en los municipios de Barranquilla, Soledad, Malambo, Santo Tomás (Atlántico) y Cereté (Córdoba).

Entre ellos se encuentran Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad;  Andrés Díazgranados, jurídico de la Alcaldía de Soledad; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad, Iván Páez, registrador de Soledad; David De Castro, exregistrador de Soledad; Marlon Mora, inspector de Policía;  y Neissy Cantillo Del Toro, exinspectora de Policía de Soledad.

Así mismo Ismael Cárcamo, agente corruptor; Inés Sala, con ese mismo oficio; José Márquez, abogado; Francisco Mejía, notario de Santo Tomás; Luis Martínez, tramitador; Rafael Bossio, abogado; Alex Ahumada, abogado;  Wilmar Machuca, supuesto poseedor irregular, José Peñaloza, supuesto poseedor irregular; y Roque José Lugo, presunto testigo falso.

Los capturados deberán responder por delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para delinquir contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.

Funcionarios implicados

La red estaba conformada por tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de Policía, un notario, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la alcaldía de Soledad. Estos facilitaban el registro y reloteo de predios, permitiendo el desbloqueo de resoluciones de terrenos de dudosa procedencia, y autorizaban ventas sin las verificaciones legales necesarias, como el pago de impuestos o la validación de registros catastrales.

Los inspectores, por su parte, emitían amparos policivos a favor de usurpadores de terrenos, quienes presentaban querellas falsas para legalizar la ocupación.

Modus operandi e impacto

La investigación se desarrolló a partir de cuatro líneas investigativas centradas en el análisis del modus operandi de la red, que consistía en dar apariencia de legalidad a documentos falsos para apropiarse de terrenos que luego eran parcelados y vendidos a terceros mediante engaño.

Uno de los hallazgos más graves fue la ocupación de un lote destinado para la construcción de un Mega colegio, que terminó siendo fraccionado y comercializado como lotes individuales, cada uno valorado en aproximadamente $50 millones de pesos. El valor comercial de los terrenos afectados asciende a 22 mil millones de pesos, abarcando una superficie de más de 277.000 metros cuadrados.

Estas acciones fraudulentas afectaron a constructoras, proyectos urbanísticos y a más de 1.800 familias, que habitan zonas destinadas originalmente para colegios, centros de desarrollo infantil y parques.

Próximos pasos

Las autoridades continúan con el proceso investigativo y no descartan futuras imputaciones. Este golpe busca restablecer la legalidad, proteger los intereses de la comunidad y recuperar la confianza de las constructoras afectadas por las actuaciones ilegales de esta red.

La Fiscalía Octava contra la Corrupción de Bogotá presentó en la mañana de este martes, ante el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla, a los 17 capturados por presuntamente pertenecer a una red dedicada al robo de tierras en Barranquilla y Soledad.

La Operación Gaia se convierte en una de las acciones más contundentes contra la corrupción relacionada con la tierra en el país, y marca un precedente en la defensa del patrimonio público y la planificación urbana legal.