Operación de la Policía permitió desmantelar un holding criminal al servicio de delincuentes, quien eran certificados como escoltas.

La Policía Nacional logró poner al descubierto un holding criminal integrado por tres empresas de seguridad que “alquilaban” armas de fuego a integrantes de grupos al margen de la ley, quienes además eran vinculados como escoltas y coordinadores de escoltas, recibiendo diplomas, certificados, armas y salvoconductos para transportarlas en el territorio nacional de manera “legítima”.

En operación, la Policía logró la captura de tres representantes legales de las empresas, quienes enfrentarán cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La investigación demostró que estas empresas vinculaban a criminales como falsos empleados de vigilancia privada, proveyéndoles armas amparadas legalmente para evitar la acción de las autoridades. Uno de los delincuentes “amparados” con permisos y certificados era Oliverio Isaza, alias ‘Terror’, abatido por la Policía.

El modus operandi incluía la nominación de criminales como escoltas o coordinadores de escoltas, con lo cual se le alquilaban armas de fuego para movilizarse sin mayores restricciones, facilitándoles el desarrollo de actividades delictivas en sus zonas de injerencia. De hecho, las autoridades determinaron que el Clan del Golfo era uno de los clientes habituales del holding, así como otros grupos de delincuencia organizada.

En la revisión documental se estableció que 60 de los falsos escoltas tenían antecedentes penales y algunos de ellos habrían pertenecido a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Así mismo, la Policía determinó que en caso de que las armas fueran incautadas en algún procedimiento de las autoridades, las empresas las recuperaban relativamente fácil debido a que se encontraban amparadas con los documentos exigidos por la ley.

“Junto a las capturas se procedió a aplicar la extinción del derecho de dominio a ocho bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 1.800 millones de pesos, así como la incautación de más de 100 armas de fuego que serán sometidas a estudios balísticos para determinar si fueron utilizadas en algún homicidio”, señaló el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional.