Los problemas financieros de la red de hospitales públicos del Atlántico ponen en riesgo la atención de los habitantes más vulnerables del departamento.
La actual administración de la ESE Universitaria del Atlántico (ESE UNA), encabezada por el gerente Pablo Alberto de la Cruz, enfrenta cuestionamientos debido a la falta de pago a trabajadores y proveedores, pese a los recursos recibidos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
El pasado 10 de febrero, De la Cruz no asistió a una mesa de trabajo programada con funcionarios de la Gobernación del Atlántico, proveedores y trabajadores del sector salud, en la que se esperaba analizar la situación financiera de la entidad y discutir estrategias para la mejora en la prestación de servicios, contratación y recuperación de cartera. Su ausencia generó incertidumbre sobre la transparencia de su gestión.
Según información del Administrador de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), desde el inicio de su gestión, la ESE UNA ha recibido más de 60 mil millones de pesos por pagos de las EPS. No obstante, los retrasos en el pago a trabajadores y proveedores continúan, lo que podría afectar la continuidad de los servicios hospitalarios.
Además, la diputada Alejandra Moreno advirtió que la gerencia de la ESE UNA no presentó el informe de Saneamiento Fiscal solicitado por la Superintendencia de Salud, cuyo plazo de entrega venció el 31 de diciembre. En 2023, esta misma entidad había identificado 40 irregularidades en la operación de la ESE UNA, evidenciando problemas administrativos persistentes.
«Lo que inició como una solución para el mejoramiento de la salud y ampliación de cobertura, se ha convertido en un problema de grandes dimensiones que afecta los derechos laborales de los trabajadores y el cumplimiento con los proveedores. La red hospitalaria se encuentra en una situación crítica sin una solución clara a corto plazo», afirmó la diputada Moreno.
Ante la falta de respuestas concretas, la posibilidad de una intervención por parte de la Superintendencia de Salud se perfila como una alternativa para recuperar la estabilidad financiera y garantizar la continuidad de los servicios en beneficio de los trabajadores y pacientes del departamento.
