El informe identifica una serie de problemas graves en la gestión de Air-e.
El agente interventor de Air-e, Edwin Palma, presentó un extenso informe de 704 páginas ante la Superintendencia de Servicios Públicos, revelando presuntas irregularidades en la operación de la empresa encargada de la distribución de energía en La Guajira, Magdalena y Atlántico. Entre los hallazgos más preocupantes, Palma señaló que los constantes cortes de energía informados como «mantenimientos» serían en realidad racionamientos encubiertos.
El informe identifica una serie de problemas graves en la gestión de Air-e, incluyendo: Contratos de energía incumplidos y desorden en la contabilidad y contratación con terceros, baja ejecución del plan de inversiones, lo que ha afectado la normalización eléctrica y la calidad del servicio, deterioro patrimonial severo, con pérdidas acumuladas y obligaciones financieras estimadas en $1.9 billones.
- Acciones legales en curso por $69.325 millones, además de un proceso de limitación de suministro debido a retrasos en los pagos de obligaciones.
- Suspensión del reconocimiento del plan de pérdidas por parte de la CREG, lo que implica que Air-e deberá devolver cerca de $400 mil millones a través de tarifas por metas incumplidas.
Racionamientos disfrazados y desconfianza.
Palma denunció que los cortes de energía informados como mantenimientos impactaron la calidad del servicio y generaron desconfianza entre los usuarios. «Injustamente, los usuarios experimentaron cortes con información falsa, afectando la confianza en el sistema eléctrico», afirmó.
Asimismo, señaló el uso de mediciones estimadas y totalizadores como otra fuente de insatisfacción y desconfianza en la facturación, afectando aún más la relación entre la empresa y los usuarios.
Según el informe, Air-e no ha generado utilidades en los últimos cuatro años y enfrenta crecientes costos operativos. Además, los problemas financieros han provocado riesgos laborales que afectan el clima organizacional y la productividad de la compañía.
La Superintendencia de Servicios Públicos, que también realizó su propio estudio, deberá decidir el futuro de Air-e, con opciones que van desde una administración temporal hasta la liquidación de la empresa.
El 9 de enero, Edwin Palma se reunirá en Bogotá con el superintendente Yanod Márquez para definir los próximos pasos. Además, Palma solicitará la participación de la Procuraduría, la UIAF y la Secretaría de Transparencia en una auditoría forense al sistema contable y financiero de Air-e.
La situación crítica de la empresa pone en el centro del debate la necesidad de garantizar un servicio eléctrico estable y transparente para los usuarios de la región Caribe.