Preocupación entre los habitantes.

La instalación de un nuevo peaje en Arroyo de Piedra, municipio de Luruaco, anunciada por la concesión Autopistas del Caribe, ha generado indignación entre la comunidad y sectores políticos del Atlántico, quienes consideran que esta medida impactará negativamente la economía local, especialmente en un municipio donde predomina la informalidad laboral.

Los residentes de Luruaco, en su mayoría dedicados a la venta de productos tradicionales como la arepa de huevo y la pesca, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el peaje reduzca el flujo vehicular en la vía, afectando directamente sus ingresos.

Humberto Currea, líder comunitario, calificó el proyecto como una «tragedia» para el municipio. “Luruaco es uno de los municipios más pobres del Atlántico, con un 80% de economía informal. Si instalan ese peaje, muchos transportadores buscarán rutas alternas, lo que impactará nuestras ventas de manera significativa”, señaló.

Currea también cuestionó el historial de las concesiones viales en el país, asegurando que rara vez cumplen con las obras prometidas y que las tarifas solo benefician a los administradores.

Camilo Torres, diputado de la Asamblea del Atlántico, calificó el proyecto como un golpe directo a la economía de los habitantes de Luruaco. “Un peaje en esta zona incrementará los costos de los productos básicos, afectando a los pequeños comerciantes, quienes tendrán que subir los precios de sus productos, como la emblemática arepa de huevo, a valores inalcanzables para muchos”, afirmó.

Por su parte, el senador liberal Mauricio Gómez señaló que esta propuesta evidencia un trato desigual hacia el Atlántico por parte del Gobierno Nacional. “No podemos aceptar que nuestra región sea vista como una fuente inagotable de recursos, ignorando nuestras realidades económicas. Este peaje está a solo 30 kilómetros de otro existente. Es hora de decir basta a estos atropellos”, declaró.

La concesión Autopistas del Caribe convocó a una reunión el próximo 9 de diciembre para socializar los alcances, beneficios y avances del proyecto, así como la gestión social y ambiental que acompañaría la instalación del peaje.

Sin embargo, tanto la comunidad como los líderes locales han solicitado que se desestime esta propuesta. Aunque abrieron la posibilidad de dialogar, enfatizaron que las medidas como tarifas diferenciales no son suficientes para compensar el impacto económico que generaría esta caseta de cobro.

El rechazo a la medida continúa creciendo, convirtiéndose en un tema clave para las autoridades departamentales y la comunidad, quienes esperan que el Gobierno Nacional tome en cuenta sus argumentos y actúe en favor del bienestar de la región.