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Fiscalía y Minjusticia están elaborando una directriz en la que se afirma que hechos de protesta no son terrorismo

El texto implica que todos los que están en la cárcel van a salir.

El Gobierno de Gustavo Petro se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras las declaraciones del Ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien anunció la elaboración de una directriz junto con la Fiscalía, estableciendo que los actos de protesta social no constituyen ni terrorismo ni concierto para delinquir. Estas afirmaciones han generado controversia, especialmente en relación con los detenidos de la Primera Línea durante las protestas sociales del 2021.

La Fiscalía, antes de tomar una posición oficial, ha expresado la necesidad de revisar los argumentos presentados por el Ministro Osuna a la luz de la jurisprudencia nacional e internacional, incluyendo la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El expresidente Álvaro Uribe se ha pronunciado al respecto, criticando al Presidente de la República por lo que considera una instigación a la violencia en lugar de brindar apoyo y orientación a los jóvenes de Cali, particularmente en barrios como Siloé o Puerto Resistencia, que fueron epicentro de las protestas del año pasado.

El estallido social del 2021, originado por el malestar ante una posible reforma tributaria, dejó un saldo trágico con al menos 83 muertos, más de la mitad presumiblemente a manos de la Policía, según cifras oficiales. La Primera Línea, conformada por jóvenes que participaban activamente en las protestas, ha sido objeto de detenciones, y su liberación ha sido recomendada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, la confrontación entre Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque en redes sociales ha escalado, con acusaciones mutuas sobre la responsabilidad en los hechos violentos del 2021. Petro ha señalado a Duque como responsable de las muertes durante las protestas, mientras que Duque ha defendido su gestión y ha cuestionado las acciones y alianzas del gobierno actual.

Esta nueva polémica refleja las tensiones políticas y sociales que persisten en Colombia, especialmente en torno a la protesta social y el manejo de la justicia en casos relacionados con ella.

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