Washington justifica los ataques como parte de su estrategia contra el narcotráfico, mientras gobiernos de la región denuncian violaciones a la soberanía y posibles crímenes de guerra.
Una serie de operaciones militares de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico oriental ha dejado al menos 66 muertos y 17 lanchas destruidas en las últimas semanas, según reportes del Pentágono. Los ataques, ordenados bajo la administración del presidente Donald Trump, se enmarcan en una ofensiva marítima contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo internacional.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que las operaciones se iniciaron en septiembre de 2025 y se han extendido por amplias zonas del Atlántico y el Pacífico. Uno de los episodios más graves ocurrió el pasado 27 de octubre, cuando fuerzas estadounidenses atacaron cuatro embarcaciones frente a las costas de Colombia y Ecuador, dejando 14 personas muertas.
De acuerdo con el Pentágono, los bombardeos se llevaron a cabo contra naves “operadas por organizaciones narcoterroristas” y formaron parte de una estrategia de “interdicción avanzada” en alta mar. Sin embargo, los gobiernos de Colombia y Venezuela han condenado las acciones, señalando que algunas de las embarcaciones atacadas podrían haber estado en aguas cercanas a sus territorios.
El presidente Gustavo Petro exigió explicaciones a Washington tras conocerse que entre los fallecidos podrían encontrarse ciudadanos colombianos. Por su parte, el gobierno venezolano calificó las operaciones como una “flagrante violación del derecho internacional” y un “acto de agresión injustificado”.
Expertos en relaciones internacionales y derechos humanos han advertido que los ataques carecen de sustento legal, pues Estados Unidos no ha presentado pruebas concluyentes que demuestren que las embarcaciones atacadas pertenecían a grupos criminales. Además, recuerdan que el uso de la fuerza en aguas internacionales está restringido por normas del Derecho del Mar y por el derecho humanitario internacional.
La campaña naval también ha despertado preocupación entre analistas, que interpretan el despliegue que incluye destructores, submarinos y un portaaviones nuclear como una señal de creciente militarización en la región, especialmente frente a las costas de Venezuela y Colombia.
Aunque Washington sostiene que estas acciones buscan frenar el tráfico de drogas hacia su territorio, organizaciones especializadas advierten que las medidas unilaterales no resolverán el problema de fondo y podrían agravar las tensiones diplomáticas en América Latina.
Con cada nueva incursión, la presión internacional sobre Estados Unidos aumenta, mientras los países afectados reclaman que se respeten los canales multilaterales y el principio de soberanía marítima.
