La decisión del presidente Petro marca un giro en la cooperación bilateral y plantea retos operativos y diplomáticos en seguridad.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó suspender todas las comunicaciones e intercambio de inteligencia con las agencias de seguridad de Estados Unidos, en respuesta a los recientes ataques realizados por EE. UU. contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas del Caribe colombiano. La medida busca poner fin a operaciones que, según el mandatario, han vulnerado derechos humanos y causado muertes extrajudiciales.
La decisión, anunciada oficialmente por el Gobierno Nacional, afecta la coordinación de operativos conjuntos en la región Caribe, donde Colombia aporta cerca del 80 % de la información crítica para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. Analistas advierten que la suspensión podría debilitar la efectividad de futuras intervenciones y genera un vacío operativo en zonas estratégicas como el Pacífico y el Caribe.
El mandatario justificó la medida enfatizando la soberanía nacional y la necesidad de que la lucha contra las drogas respete los derechos humanos de las comunidades locales. Petro ha señalado que la suspensión se mantendrá “mientras continúen los ataques de misiles contra embarcaciones en el Caribe”.
El anuncio también tiene implicaciones diplomáticas, pues representa uno de los momentos más tensos en décadas en la relación bilateral en materia de seguridad. La Casa Blanca aún no se ha pronunciado oficialmente, pero expertos coinciden en que la medida podría reconfigurar la cooperación estadounidense en la región y obligar a Washington a replantear su estrategia frente al narcotráfico sin la colaboración colombiana.
El gobierno colombiano advierte que la acción no implica un cierre total de canales diplomáticos, pero sí un cambio en la dinámica de cooperación en inteligencia, reforzando la autonomía del país frente a operaciones extranjeras en su territorio.
