Por: JAIME VÉLEZ GUERRERO
La reciente arremetida del presidente norteamericano, Donald Trump, contra el gobierno colombiano no será eterna: hasta los cielos más oscuros terminan abriéndose a la luz. Pero esa calma no puede ser un simple retorno al statu quo: debe convertirse en la oportunidad para replantear de raíz la política antidrogas. Este episodio desnuda la fragilidad de las relaciones internacionales cuando la soberanía de los pueblos choca con los intereses de las potencias.
En Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU, Gustavo Petro no solo denunció la complicidad de Washington con la ofensiva israelí en Gaza, sino que fue más allá: llamó a los soldados norteamericanos a desobedecer órdenes que perpetúan la violencia y la ocupación. Ese gesto, para muchos, fue uno de los detonantes de la furia del exmandatario republicano, la cual tuvo respuesta inmediata y desproporcionada: acusaciones de narcotráfico contra el presidente colombiano, suspensión de ayudas financieras y revocatoria de visas a funcionarios del país. Es la vieja receta del garrote imperial: sancionar, aislar y estigmatizar a quien se atreva a cuestionar.
El rompimiento de relaciones con Israel hace un año, además de la acusación de genocidio presentada en La Haya, pudo haber molestadoa Trump, el cual tuvo una reacciónexcesiva,lanzando expresionesvulgarescontra su homólogo colombiano. Esa actitudno debería caracterizar a quien gobierna una de las potencias más influyentes del planeta.
El comercio ilícito de drogas no es un fenómeno exclusivo de Colombia ni de América Latina. Es un problema transnacional que atraviesa fronteras e involucra a consumidores, redes financieras y estructuras criminales en todos los continentes. Por ello, el país debe exigir que el acuerdo internacional contra los estupefacientes deje de ser un pacto bilateral subordinado a Washington y se convierta en un marco multilateral con Europa, África, Asia y Oceanía. Solo así se romperá la dependencia y se construirá una estrategia verdaderamente global.
Es pertinente poner en tela de juicio la llamadaLista Clinton. Creada bajo el pretexto de combatir el tráfico de drogas, se ha transformado en un arma de imposición económica. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro de la nación estadounidense dispone el bloqueo financiero mundial de personas y empresas sin que medie fallo judicial previo. Desde una perspectiva jurídica, esta práctica vulnera de manera sistemática el debido proceso en el ámbito internacional.
El problema no es menor: la inclusión en esa lista no solo congela activos, sino que destruye reputaciones y arruina proyectos empresariales, muchas veces por motivaciones políticas o represalias diplomáticas. Es una sanción extraterritorial que impone la voluntad de una sola nación sobre el sistema financiero universal.
Por eso, los países latinoamericanos deben comprender que la fragmentación es la mayor aliada de la subordinación. Solo una voz unida puede impulsar un acuerdo político de alcance global, en el que converjan naciones de distintos continentes y se construya una agenda común sin la sombra del poder oculto de Washington.
Mis investigaciones, desarrolladas durante muchos años en torno a la problemática social y política del narcotráfico, me permiten afirmar que, mientras cada país continúe actuando de manera aislada, la región seguirá siendo avasallada por decisiones externas impuestas mediante la fuerza y el chantaje económico. El transcurrir histórico me ha enseñado que la dominación no se edifica de la noche a la mañana: se gesta de forma paulatina, hasta que los pueblos terminan de rodillas, genuflexos ante el poder.
Otro de los mecanismos de control geopolítico que Estados Unidos ejerce en materia de drogas ilícitas es la denominada certificación unilateral. Bajo este procedimiento, la Casa Blanca se erige en calidad de juez mundial de la moral y la política, evaluando a otros países según criterios que ella misma establece, como la lucha contra el tráfico ilícito fuera un examen que solo puede aprobarse con el visto bueno del norte.
Estoy convencido de que Donald Trumpignora de manera deliberada las culturas ancestrales de las cuales provienen muchas de las plantas empleadas en la elaboración de drogas consideradas ilegales. Para los pueblos originarios, estos vegetales no representan sustancias ilícitas, sino expresiones de prácticas artesanales, rituales espirituales y medicinas tradicionales. Reducirlas a una “amenaza colectiva” implica borrar siglos de historia y criminalizar conocimientos que constituyen parte esencial del patrimonio cultural de la humanidad.
